11 de November de 2012 00:01

Maxigraf zozobra en manos estatales

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El último trabajo masivo que se imprimió en la firma incautada Maxigraf Sociedad Anónima (S.A.) fue para el Censo de Población y Vivienda que se realizó, en noviembre del 2010, según recuerdan sus trabajadores.

Millares de papeletas fueron despachadas para el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Después de ese contrato, que costó USD 2,8 millones y que fue adjudicado tras denuncias de supuesto sobreprecio con otra empresa, los obreros esperaban más pedidos de entes públicos.

De esa manera solventarían la sequía de trabajos a la que se expusieron luego de la incautación, el 4 de agosto del 2008.

Pero no fue así. Ni siquiera ese contrato con el INEC, que fue asumido por la entonces administradora Kerly Loor, logró levantar a la compañía. Durante los cuatro años desde que el Estado tomó posesión, su ritmo de operación fue decayendo, al extremo de presumir su pronta liquidación. La firma tiene tres plantas en Guayaquil, Durán y Quito.

La incautación se concretó luego de que el Estado encontró que la empresa “estaba vinculada con los hermanos Isaías”, ex accionistas de Filanbanco, quienes tenían deudas pendientes. El litigio para determinar la real propiedad de la firma aún está abierto.

La intervención estatal, de inicio, fue para ordenar la información, obtener una valoración (en 2009 Seremcorp S.A. fijó un precio referencial de USD 3,4 millones) y venderla mediante una subasta pública. De esta forma se iba a recuperar el dinero que debía ser devuelto a los ahorristas.

Pero hasta la fecha no se concreta la venta. Los motivos no han sido explicados por Pedro Delgado, representante legal del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, ni por el administrador fiduciario, la Corporación Financiera Nacional (CFN), cuyo actual titular es Camilo Samán.

Este Diario ha pedido entrevistas a ambos y hasta el cierre de esta edición no tuvo respuesta.

[[OBJECT]]Los clientes más importantes de Maxigraf se fueron de a poco. Entre ellos estaban los bancos Bolivariano, Guayaquil, que contrataban servicios de impresión de cheques y otra papelería.
Las aerolíneas demandaban impresión de formularios, instituciones educativas y otras hacían lo propio con sus revistas institucionales, folletos o libros. Las industrias, en cambio, demandaban empaques, entre ellas, Pesquera Santa Priscila, La Universal, Nestlé, Té Pusuquí, etc.

Los préstamos de la banca privada y proveedores también fueron extinguiéndose. Por ejemplo, Cartopel, asentada en Guayaquil, dejó de proveer cartones para su línea de empaques a crédito, según un ex administrativo, que pidió la reserva de su nombre. Una vocera de la firma cartonera explicó que a la fecha Maxigraf no tiene deudas; pero no aclaró la razón del cierre de créditos.

De dos turnos de trabajo diario y operaciones extra los sábados hasta julio de 2008, Maxigraf pasó a tener una sola jornada laboral de lunes a viernes en manos del Estado. De esas ocho horas, los obreros de planta apenas cumplen con cuatro de productividad desde inicios de este año.

La materia prima era escasa, los contratos dejaron de llegar y para matar el tiempo, algunos se distraían jugando naipes. De 300 trabajadores, al menos 50 se han ido por su cuenta o por despidos y fueron reemplazados, al menos los del área administrativa. 26 de ellos interpusieron demandas por indemnizaciones, porque creen que su salida fue de forma irregular (ver nota adjunta).

Su peso en el mercado

Maxigraf facturaba USD 1,8 millones mensuales hasta la incautación, recuerda Juan Carlos Plaza Plaza, quien presidió la empresa desde su fundación (1997) hasta junio del 2009.

Según un estudio de la Escuela Politécnica del Litoral (Espol) de 1999, esta industria gráfica poseía el 40% del mercado y lideraba la línea de formas continuas (facturas, roles de pago, notas de crédito, sobres). La línea litográfica (afiches, dípticos, trípticos, calendarios, cajas para camarón, empaque para industria, etc.) era su segundo potencial. Su competencia era Poligráfica en Guayaquil, seguida de Senefelder.

Para el 2009, la participación de Maxigraf bajó al 20%, según un informe de la extinta Agencia de Garantías de Depósito (AGD), de septiembre de ese año.

“Cuando me fui, la compañía quedó con deudas evidentemente naturales del giro del negocio”. Eso recordó Plaza desde una oficina en la vía a Samborondón, donde levanta una empresa dedicada al brokeraje de imprenta.

Este empresario permaneció al frente de la compañía 10 meses después de la incautación, hasta mayo del 2010. Trabajaba con un coadministrador nombrado por el Gobierno (Walter Luna), pero luego el manejo de la firma quedó en manos estatales al 100%.

Plaza explicó que antes de la incautación había deudas cercanas a USD 4,7 millones que, a su criterio, sí podían ser cubiertas con la facturación anual promedio de USD 20 millones.
Pero un informe financiero de la AGD indicó que en el 2007, un año antes de la incautación, Maxigraf ya tenía pasivos por USD 13,8 millones. Plaza lo desmintió. “No es verdad, es cuestión de revisar los balances auditados presentados hasta el 2008. Eso es absurdo”, destacó.

Cuatro administradores estatales han pasado por las oficinas de Maxigraf: Walter Luna, Kerly Loor, Robert Andrade y, ahora, Fernando Arévalo.

Para Plaza, el daño que han hecho es terrible. “A esta fecha, de qué sirvió la incautación, 300 familias sin trabajo, una planta quebrada y todo para qué”.

Él interpuso recursos jurídicos que, a su criterio, están congelados en la Corte del Guayas. A través de ese proceso busca recuperar al menos los activos. “La empresa no vale nada ahora. El negocio ya no existe”.

Antes de la incautación, el patrimonio de la empresa estaba por encima de los USD 2 millones, mientras que para el 2010 la cifra bajó a USD 1,7 millones, según un informe de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público (Ugedep).

Plaza recordó que él compró un conjunto de empresas a Roberto Isaías en pleno apogeo, en 1997, entre ellas Industrias Gráfica Rocafuerte, Litoautomática, Litocheque y Goltrade. Esta última absorbió a Gráfica Rocafuerte y Litoautomática a Liticheque. Posteriormente nació Maxigraf con la base de estas empresas que tenían más de 20 años en el mercado. La vinculación de la industria con los Isaías se generó por el saldo de la deuda de la negociación de compra que hizo Plaza.

La falta de transparencia desató quejas   

Las cifras actualizadas del desempeño de la compañía no están disponibles de forma oficial. Según la Superintendencia de Compañías, la información de los balances de todas las compañías  bajo    su supervisión y control “se encuentran sujetos a reserva, salvo en el caso de las compañías inscritas en el mercado de valores”.

La Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público (Ugedep) que maneja  las empresas incautadas por la Secretaría Técnica del   Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad, solo tiene en su sitio virtual (www.stf.gob.ec/stf/) parte de los balances del 2008 hasta el  2010.
Ahí se observa cómo el rendimiento patrimonial, que estaba en 17% el año de la incautación, cayó a -39% un año después, hasta que el 2010 quedó en 8%.

En el sitio virtual www.maxigraf.com hay un link titulado: Ley de Transparencia donde se publican   datos que son públicos. Pero el casillero de información financiera no descarga.

En las protestas del pasado 11 de octubre, cuando renunció el presidente y gerente de Maxigraf, Robert Andrade, se evidenció el malestar de los trabajadores, por la falta de transparencia y el desconocimiento de qué sucederá con ellos.  Ese día, Andrade y parte de su equipo fueron retenidos en la planta del norte de Guayaquil (av. Carlos Julio Arosemena).

Para esta fecha, la administración ya acumulaba 26 demandas laborales por indemnizaciones de colaboradores separados de la institución, supuestamente sin cumplir con parámetros legales.
Con los ánimos caldeados, la jefa de Facturación, Crédito y Cobranza, Ana Cortez, reveló que desde 2008 los ingresos mensuales promedian los USD 100 000. Aunque en los últimos meses, esa cifra podría ser menor.

Desde el sindicato, en cambio, se informó que  las deudas con proveedores nacionales y extranjeros llegan a USD 9 millones.

El grupo apoyaba a cuatro compañeros que firmaron sus renuncias, según dijeron, por presiones. Supuestamente, si no lo hacían se les  gestionaría vistos buenos, en base a un informe de productividad. Hasta el cierre de esta edición, los trabajadores de planta solo habían recibido un abono de la segunda  quincena de octubre; los del área administrativa, nada.


La cronología

04/08/2008
La planta matriz de  Maxigraf, ubicada en el norte de Guayaquil,  es incautada por la AGD. Consta en la lista de empresas vinculadas con el Grupo Isaías.

05/08/2008
Walter Luna es posesionado como  coadministrador de Maxigraf por parte de la AGD. Luego, él también ejerció similar función en otras empresas incautadas, como Edina.

10/02/2009
Asume como coadministrador Robert Andrade, quien participó la noche de la incautación de la compañía  hasta diciembre de ese año. En 2011  regresa como  presidente.   

31/12/2009
Kerly Loor asume el mando de Maxigraf, ya con la desaparición de la AGD. Estuvo hasta junio de 2011. Actualmente, ese cargo es de Fernando Arévalo.




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