España quiere que Argentina se siente en la mesa de negociaciones y pague por la expropiación del 51% de las acciones de Repsol, una medida que será votada este miércoles por el Senado argentino.
Como medidas de presión, el grupo petrolero Repsol y el Gobierno español intensificaron ayer la presión sobre Argentina anunciando acciones legales contra toda empresa que invierta en la expropiada YPF y proponiendo a la UE proseguir la negociación comercial con el Mercosur sin Buenos Aires.
“Nos reservamos el derecho a emprender acciones legales contra cualquier inversor en YPF o sus activos ilegalmente expropiados a Repsol”, dijo el portavoz de Repsol Kristian Rix en un momento en que el gobierno de Cristina Kirchner mantiene contactos con varias petroleras extranjeras en busca de inversiones.
El ministro de Planificación argentino, Julio De Vido, viajó a Brasil la semana pasada para reunirse con representantes de Petrobras en busca de inversiones en YPF. De Vido tenía previstas reuniones con directivos de las empresas estadounidenses Chevron, Exxon y Conoco Phillips y la canadiense Talismán, entre otras.
Madrid busca asimismo presionar al ejecutivo de Kirchner en el plano internacional, para lo que emprendió una ofensiva diplomática que ayer llevó a su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, a proponer que la Unión Europea prosiga sus negociaciones comerciales con el Mercosur sin Argentina. “Debería abrirse una reflexión sobre si es posible o no seguir impulsando las negociaciones con el Mercosur” o negociar país por país, excluyendo a Argentina, dijo durante una reunión de cancilleres europeos en Luxemburgo. “Es posible que esto interese a Brasil y a Uruguay”, agregó.
En este escenario, el riesgo argentino aumentó. Standard & Poor’s revisó ayer a negativo el panorama de la calificación crediticia de Argentina, por las trabas a las importaciones y la expropiación de acciones a Repsol.