26 de April de 2011 00:00

Más dinero en juego en el caso CN

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Los trabajadores de la Cervecería Nacional salieron ayer de la Corte Constitucional cargados de una bolsa de promesas. Eso luego de que el juez Hernando Morales les dijera que para la próxima semana la Comisión de Admisión del ente analizará la acción de protección planteada por ellos sobre el fallo de la Tercera Sala de lo Penal de la Corte del Guayas.El pasado 9 de marzo, esta Sala determinó que la compañía debía pagar USD 90,9 millones, más los intereses, a 700 ex trabajadores por las utilidades entre 1995 y el 2005. Pero, el proceso se ha dilatado por mecanismos judiciales y hasta el momento no se ejecuta el pago sentenciado.

Uno de estos mecanismos ha sido la acción de protección presentada por la defensa de la empresa. “El fallo no se puede cumplir en las condiciones actuales y por eso se presentó una impugnación. La Cervecería Nacional agotará todas las acciones nacionales e internacionales de que se crea asistida”, señaló el abogado de la firma, Gustavo Noboa, en declaraciones realizadas a Ecuavisa.

Adicionalmente, en un comunicado publicado ayer en la prensa, la firma determinar que el proceso adolece de cinco violaciones jurídicas, entre las que está “la transgresión del principio de no retroactividad de la Ley”.

Los empleados también apoyan a la Cervecería y por eso ayer un grupo de ellos, representados por Gonzalo Balladares acudieron a las 10:00 a la Corte, para pedir que se agilice el análisis de la acción de protección, a cargo de la Comisión de Admisión.

El juez Morales explicó que el proceso demorará al menos siete días más ya que uno de los integrantes, el juez Patricio Pazmiño, está con permiso de salud y los otros jueces, Alfonso Luz Yunus y Ruth Seni, deberán esperar a que la Comisión esté completa.

“Nos han dicho que tenemos que esperar. Vamos a seguir luchando por la protección de las familias de 1 700 trabajadores de la empresa, 1800 franquiciados y de las personas que reciben ingresos en los 40 000 puntos de venta”, manifestó Balladares a unos 100 empleados de la firma que lo esperaban en los exteriores de la Corte Constitucional.

Una hora y media antes ellos se enfrentaron a gritos con los ex trabajadores, quienes exigían el pago de los montos adeudados. El plazo para el pago venció el pasado jueves. Según Arturo Cervantes, procurador de los ex trabajadores, la negativa de la compañía al pago obliga a que ahora se le fije una multa que duplica el valor inicial. “La Cervecería debe pagar ahora USD 182 millones. La mitad se irá al Fisco”.

El Juez duodécimo de lo Civil del Guayas, Pedro Iriarte, era el encargado de ejecutar el pago. Pero, el 19 de abril, este funcionario delegó al Director Regional de Trabajo para que “controle el cumplimiento de la sentencia”. Argumentó que esta acción se justifica porque hay el antecedente del caso Holcim, que fue ejecutoriada por la misma entidad.

“La Judicatura no tiene infraestructura física ni organizativa para implementar el pago para tantas personas”, dijo Iriarte.

Por esa razón, un grupo de ex trabajadores impugnaron esta decisión, por lo que a partir de ayer comenzaron a correr los nueve días que el Magistrado tiene para responder al nuevo recurso.

Luis Humberto Zúñiga, abogado de los ex trabajadores, presentó el jueves pasado un escrito de reforma en el juzgado duodécimo. “Iriarte insiste en alterar la sentencia de la Tercera Sala”.

Otro punto discutido por los demandantes es el monto de los intereses. Según la sentencia de la tercera sala, luego que la Cervecería realice el depósito, el Consejo de la Judicatura deberá designar a un perito para que establezca ese valor. Iriarte, en cambio, dijo que la cifra se la establecerá en un juicio “previa presentación de la demanda respectiva”.

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