En esta semana se ha repetido como nunca la cacareada frase: “Al fin el petróleo ya es de los ecuatorianos”, como si alguna vez ha dejado de serlo.
Las diferentes constituciones del Ecuador han destacado la propiedad estatal sobre este recurso. Hasta la denominada constitución ‘neoliberal’ de 1998 dice que los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo son de propiedad inalienable del Estado.
Funcionarios del Gobierno y asambleístas de Alianza País quieren vender la idea de que el Gobierno está recuperando la soberanía petrolera, cuando nunca la ha perdido.
Otra cosa es que el Estado no haya usado esa soberanía a favor de la mayoría, por ejemplo, cuando firmó contratos que han permitido a las empresas privadas llevarse los excedentes que ha dejado el alto precio del petróleo.
Y si bien este Gobierno se puso como objetivo poner límites a esas ganancias extraordinarias, sus acciones han sido erráticas, a tal punto que no ha logrado renegociar los contratos petroleros en los tres años y siete meses que lleva administrando el país.
El ministerio encargado de esta renegociación ha cambiado dos veces de nombre y cuatro veces de ministro durante este Gobierno. ¿Cómo se puede hablar de soberanía si los encargados de ejercerla cambian cada ocho meses?
En nombre de la soberanía petrolera se ha mantenido a este sector sin reglas claras para invertir, lo cual se ha reflejado en una caída del 23% en la producción de las empresas privadas en este Gobierno.