3 de June de 2012 00:04

Ley urgente para ex empleados de Invermun

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El presidente Rafael Correa confirmó ayer, en su enlance, que remitirá a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económico urgente para pagar las indemnizaciones de los ex empleados de las salas de juego de la empresa Invermun.

El pasado martes, el Mandatario, en su conversatorio con medios de Guayaquil, anunció que enviaría un proyecto especial con el propósito de que 1 300 ex empleados reciban las liquidaciones por sus años de trabajo.

“No se trata de que cualquier empresa constructora quiebre y tenemos que pagarle a los trabajadores indemnizaciones. No, ese es el riesgo entre privados; pero aquí estuvo de por medio una decisión del pueblo en las urnas. Se cambiaron las reglas del juego y quedó esta gente en el aire. Entonces, es legítima esta propuesta”, manifestó Correa.

Según el Presidente, es probable que los dineros se recuperen en un año o en año y medio. Ello luego que se incauten de todos los bienes que tenía la firma en el territorio. Estos estarían a nombre de empresas fantasmas.

El anuncio del proyecto generó molestias en ex representantes de casinos, quienes prefirieron la reserva, pues dicen que no es posible que ellos hayan cumplido con todos los pagos, conforme a la ley, mientras que los directivos de las salas de juego no lo hayan hecho y el Estado lo asuma.

“Durante su conversatorio el Presidente dijo que los dueños de Invermun eran prácticamente unos gánsteres. ¿Cómo es posible que sabiendo eso no haya detenidos y sancionados? Mientras que los empresarios que cumplíamos con las leyes por mandato popular se nos prohibió nuestra actividad”, dijeron

En noviembre del 2008, 18 salas de juego de Invermun fueron cerradas por operar ilegalmente. Un año después el hermano del presidente, Fabricio Correa, presentó ante la Comisión de Participación de la Asamblea una declaración juramentada de Jaime Solórzano, ex empleado de Invermun, indicando que los propietarios de la firma entregaban fuertes sumas de dinero a funcionarios del Gobierno para proteger su actividad.

La reacción del Régimen fue una demanda contra Solórzano y una investigación contra la firma por parte del SRI.

La Fiscalía inició investigaciones, pero el caso no avanzó. Las salas de juego de la firma operaron hasta septiembre del 2011.

“Salimos en esa época y aún no cobramos las indemnizaciones. Sé que se ha planteado esta ley, pero nada más”, dijo José P., ex empleado de una de las salas de juego respecto al tema.

Otros empleados también esperan que se les pague. Mientras otro sector, el de los casinos legales, también lucha paraque tras su cierre los nombres de las ex firmas queden limpios.

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