26 de June de 2011 00:07

La ley más postergada

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Cuando Ecuador dio el salto a la dolarización, en el 2000, el Banco Central vio un gran riesgo. Temía que la inflación no cayera a la velocidad que prometía la teoría económica, debido a la existencia de monopolios y oligopolios en prácticamente todos los sectores productivos. La inflación se demoró tres años en caer un dígito.

En ese entonces ya era urgente generar las condiciones para que el mercado sea competitivo. De hecho, en el 2002, el Congreso impulsó el proyecto de Ley de Promoción y Defensa de la Competencia Económica, que fue boicoteada por el Ejecutivo.

Ese proyecto contó con el auspicio de cámaras de la Producción, instituciones gubernamentales y organismos internacionales, pero el presidente (e), Pedro Pinto, vetó totalmente la ley, aceptando las observaciones de la Cámara de Comercio de Quito.

Ello no cambió la realidad nacional y los consumidores han tenido que soportar prácticas monopólicas, sin autoridades ni instituciones que puedan intervenir.

Los datos que publicó esta semana el Instituto de Estadística y Censo (INEC) muestran que el 1% de los establecimientos económicos a escala nacional concentra el 90% del valor agregado, evidenciando que la realidad de la economía nacional no ha cambiado y que en los cuatro años y medio del actual Gobierno tampoco se han tomado decisiones a favor de la competencia.

Una economía hipermonopólica, como la denominaron las autoridades, no se soluciona eliminando los monopolios, sino generando más competencia.

Este es un punto clave en el debate de la nueva ley, la cual es necesaria, pero no es la única acción que se requiere. Las condiciones para generar competencia en el mercado también pasan por atraer inversión extranjera, dar seguridad jurídica y estabilidad económica y política.

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