11 de July de 2011 00:02

La ley antimonopolio ya no contempla cárcel

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El Presidente de la República anunció el sábado pasado que enviará a la Asamblea el proyecto de la Ley antimonopolios con carácter de urgente, aunque no precisó la fecha. El proyecto lo ha manejado con hermetismo la Secretaría de Planificación (Senplades).

La Subsecretaria de Competencia explica la discusión interna que ha tenido el proyecto antes que fuera enviado a la Presidencia para su revisión.

El Código de la Producción estuvo a cargo del Ministerio Coordinador de la Producción, por las implicaciones que tenía en las empresas. ¿Por qué la Senplades lidera el proceso para elaborar una ley antimonopolio y no el Ministerio de Industrias y Productividad, del cual usted forma parte?

Si la Senplades lidera el proyecto es porque cumple con una disposición del Presidente de la República. Y porque a nivel de los ministerios que actuamos se debió convenir de esa manera.

¿Por qué no se ha socializado el proyecto, o se lo va a hacer antes de enviarlo a la Asamblea?

El tema de socialización no lo está manejando el Ministerio de Industrias, eso está a cargo de la Senplades. Nosotros intervenimos con los aportes técnicos.

El hecho de que los gremios empresariales no conozcan del tema, siendo un proyecto que repercute en las empresas, es contradictorio. ¿Cómo se elaboró el proyecto?

La Senplades contrató a especialistas en materia de competencia, recogió los aportes de la mesa de discusión conformada por Industrias, el Ministerio Coordinador de la Producción y la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Ha sido un proceso largo, pero ya se cuenta con un proyecto que responde a las necesidades de nuestra economía. La ciudadanía no debe preocuparse.

Los preocupados son los empresarios. ¿Por qué no han sido consultados?

En el 2002, en el proyecto vetado por el entonces presidente (e) Pedro Pinto, actuaron 50 instituciones entre públicas y privadas. Era un proyecto consensuado y todo el mundo estaba seguro de que pasaba en la Asamblea. Todos estaban a favor y fue el peor fracaso. Lo vetaron totalmente.

¿Por qué lo vetaron?

Técnicamente no había ninguna razón. Muchas cosas caminan por debajo. Dentro de estas leyes, los más afectados son los que tienen mayor concentración en el mercado. Por eso, cuando estas leyes se han tratado en otros países no ha habido procesos de comunicación muy largos.

¿Para qué crear otro proyecto cuando se pudo utilizar el del 2002, el cual ya había sido consensuado?

Esa ley, que para el 2002 era muy buena, para ahora ya no es tan buena, porque las realidades del mercado han cambiado.

¿El proyecto actual es el mismo que socializaba hace un par de años el ex subsecretario de Competencias Fausto Alvarado?

En efecto, ese proyecto, de la época del ex ministro de Industrias Xavier Abad, fue la base para la construcción de este nuevo.

¿Qué cambios tiene?

En la parte técnica hubo muchas mejoras.

¿O sea que los infractores ya no irán a la cárcel?

Exacto. El primer objetivo de la Ley es que cesen las conductas anticompetitivas que distorsionan el merado y afectan a los consumidores, posiblemente con una elevación de precios. El segundo objetivo es que las sanciones sean de carácter disuasivo para el operador económico. Que la multa sea lo suficientemente alta como para que el operador económico deje de adoptar conductas anticompetitivas. No se puede sancionar con multas bajas, porque al final el operador va a preferir pagar esas multas irrisorias.

¿Qué multa se plantea?

Hasta un 10% de las utilidades brutas del último año.

El proyecto anterior planteba la creación de una Superintendencia de Competencias. ¿Sigue en pie esa propuesta?

Sí. Y debe tener una estructura similar a la Superintendencia de Bancos o Compañías.

¿Cómo se garantizará que esta entidad no responda a intereses políticos?

El equipo será altamente especializado y dedicado a tiempo completo. Eso garantiza seriedad y compromiso.

El temor es que la ley se use como una herramienta de persecución...

Cuando se ve desde afuera se podría tener esa visión, pero cuando se está dentro, muy difícilmente se pueden tomar decisiones manipulando datos económicos objetivos. No son análisis discrecionales ni con objeto de persecución, porque no me puedo inventar esos datos, que me provee la propia empresa.

¿Los monopolios públicos tendrán igual tratamiento?

Desde le punto de vista de la competencia entran todos los operadores económicos. Eso sí, hay excepciones en los sectores estratégicos. Ahí no entra la autoridad de competencia.

Entonces, ¿una empresa pública podrá ser calificada como operadora dominante?

Sí, si realiza actividades lucrativas y que no formen parte de los sectores estratégicos, determinados en la Constitución.

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