El Juez Duodécimo de lo Civil del Guayas, Pedro Iriarte, desestimó la acción de protección que presentó la Cervecería Nacional (CN) en la Corte Constitucional. El reclamo se originó por el fallo de la Tercera Sala de lo Penal del Guayas del 9 de marzo pasado en el que se determinó que CN debía pagar USD 90,9 millones (más los intereses) a 700 ex trabajadores por las utilidades de 1995 a 2005.
“La resistencia no permite atribuirle un sentido que ampare el derecho a rebelarse contra una sentencia”, dice la resolución de cinco páginas.
Según Iriarte no hay ninguna cuestión de inconstitucionalidad que amerite una consulta. “ El problema es de interpretación”, dijo.
Lo que no se detalla en la respuesta del juez Iriarte que es el encargado de ejecutar la sentencia. El 19 de abril, el magistrado delegó al Director Regional de Trabajo para que controle el cumplimiento de la sentencia. “La Judicatura no tiene infraestructura física ni organizativa para implementar el pago para tantas personas”, argumentó el juez Iriarte, quien era antes el ejecutor. Los ex empleados insisten en el pago. Red. Guayaquil