20 de February de 2012 00:01

El Instituto de la Meritocracia aún no trabaja de lleno

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Los procesos de selección de personal por desvinculaciones en el sector público todavía no han comenzado. Así lo afirmó Santiago Barragán, director del Instituto Nacional de la Meritocracia (INM), quien ocupa ese cargo desde enero.

Esta entidad, operativa desde agosto del 2011, tiene como objetivo verificar que se aplique un sistema técnico de méritos durante las contrataciones de servidores públicos por parte de las entidades del Estado.

Sin embargo, la aplicación de este mecanismo está sujeta a que se inicien los concursos para llenar las vacantes por compras de renuncias obligatorias.

“Nosotros no tenemos acceso a los procesos que hacen las unidades de talento humano (sobre la fecha en que se iniciará la selección para llenar vacantes por compra de renuncias). Ellos los realizan de acuerdo a una planificación. Nos enteraremos una vez que en la Red Socio Empleo existan aplicaciones para las vacantes. Solo en ese momento empezaremos con estos casos”, explica Barragán.

Hasta el momento, la entidad ya ha revisado más de 1 100 procesos de contratación (por circunstancias ajenas a la reestructuración del Estado), entre agosto del 2011 y enero del 2012.

La entidad cuenta con tres áreas, según su directivo, para verificar los procesos y garantizar transparencia de los mismos: control, asesoría (dar herramientas para que se apliquen las normas de contratación) e investigación y desarrollo.

Los criterios que se toman en cuenta para la contratación de personal son formación, experiencia, competencias técnicas, capacitación acorde al perfil y competencias de conducta.

Este último punto está relacionado con las actitudes del futuro servidor. El objetivo del Gobierno, comenta el director del INM, es contratar personas que muestren vocación de servicio, trabajo con los clientes, entre otras características que se evalúan.

La entidad cuenta con un equipo técnico de 30 personas, compuesto por psicólogos industriales, con experiencia en selección. Ellos se encargan, entre otras actividades, del proceso de verificación de los contratos del sector, el cual demora aproximadamente cinco días.

“Una vez hecho esto, se emite el informe a cada entidad vía correo electrónico y, adicionalmente, se entrega el documento en físico”. En el caso de encontrarse alguna irregularidad en la contratación, este Instituto deberá notificar sobre la situación a la Contraloría General del Estado.

Adicionalmente, se establecen sanciones administrativas sobre el funcionario que contrató. Este deberá devolver al Estado todo el dinero que se le entregó como sueldo a la persona que contrató sin cumplir con la normativa.

El Instituto controla los procesos a escala de Gobierno Central y no se ha determinado que lo haga en el futuro dentro de las funciones Legislativa y Judicial.

El INM se creó como una forma del Gobierno para evitar los ‘padrinazgos’ o los ‘palanqueos’. Sin embargo, tampoco se tiene certeza de si esta práctica arraigada a la función pública desde hace años ha sido desterrada.

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