Desde el 19 de octubre se encuentra vigente en el país un nuevo valor del impuesto a las utilidades y plusvalía en la compraventa de predios urbanos. Y desde ese día hasta hoy, miles de trámites de escrituración están paralizados a la espera de una resolución de los municipios sobre el monto que se debe cobrar por dicho impuesto.Con la aprobación y entrada en vigencia del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), cada municipio tiene la potestad de establecer mediante ordenanza el valor del tributo, explica el director ejecutivo de la Asociación de Promotores Inmobiliarios y Vivienda del Ecuador (Apive), Jaime Rumbea.
“La Ley Orgánica de Régimen Municipal, ahora derogada por el Cootad, establecía el 10% para todas las transacciones en las que haya plusvalía, y el 0.5% para aquellas que sean primeras transacciones. Por eso, ahora los promotores, constructores y compradores deben pagar el 10%”.
Eso es lo que ha provocado que el presidente de la Cámara de la Construcción de Quito, Hermel Flores, eleve su preocupación al Municipio. “Pongamos como ejemplo que Juan compró su vivienda en USD 50 000 y decidió venderla (primera transacción) a Pedro en USD 60 000. La diferencia es su ganancia, o lo que se llama plusvalía. Sobre esos USD 10 000 deberá pagar 1000 del impuesto cuando antes debía pagar únicamente 50”.
Al no existir todavía un reglamento, la interpretación de la normativa también se la está trasladando a los constructores. De esta manera, al vender el bien inmueble (casas, oficinas, departamentos…) a los clientes, deberán incorporar el 10% del impuesto, por lo que los valores subirán.
Rumbea lo explica más detalladamente. Por ejemplo, si tiene listos este instante para la venta un departamento que empezó a construirlo un año atrás, con aprobación municipal, al momento de pagar el impuesto (requisito esencial para la venta) el costo aumentó 20 veces.
“¿Cómo le explica al cliente que debe pagar 20 veces más de un impuesto? Se está perdiendo miles de dólares en costos financieros, sin contar los problemas que genera para familias que tenían planificada su mudanza, o disponen de un crédito con un valor limitado. Solo entre proyectos de empresas asociadas a Apive hay casi 1 000 unidades cuya escrituración está paralizada o no ha sido ingresada por miedo a una liquidación desproporcionada”.
A esto hay que sumar cientos de otras paralizaciones en construcciones de oficinas, comercios, bienes usados, etc.
Por esa razón, mañana, la concejala del Cabildo quiteño, Elizabeth Cabezas, recibirá a los representantes del sector constructor para escuchar la problemática y definir cuál será la tasa que se cobrará por esta plusvalía.