La interpretación del cobro del impuesto a la plusvalía, en la compraventa de inmuebles ha marcado una división entre los municipios y los actores vinculados a la construcción, especialmente en Quito.
Según la reglamentación del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), que entró en vigencia el 19 de octubre pasado, los municipios tienen la facultad de fijar una tasa de hasta el 10%, en las transacciones que generan utilidad, o lo que se llama plusvalía. Es decir, si una persona compró una casa en USD 30 000 y la vendió luego en 40 000, el impuesto se aplica sobre la ganancia de 10 000.Eso ha confundido a ambas partes. Eduardo Castro, de Ecoconstructores, considera que lo que hay que definir es el concepto de plusvalía. “Es la diferencia entre el valor que adquirió el inmueble y el valor que lo vendió. Pero, lo que hacemos los constructores es producir viviendas, no comprarlas. Por lo tanto, la venta no genera plusvalía y, por obvias razones, no debiera cobrarse el impuesto. De hecho, por producir ya pagamos Impuesto a la Renta al Fisco”.
Además, explica que las valoraciones que realiza el Municipio sobre los bienes inmuebles no se ajustan a la realidad. “Los valores catastrales no son los correctos. A veces el valor de una casa es más alto que en la realidad y otras más bajo. Eso crea distorsiones”.
Pero, por otro lado, hay una crítica a los constructores y agentes inmobiliarios. Para Jorge Carvajal, de Quito Vivienda, es justo que mientras haya un beneficio se genere un impuesto.
“No les afecta en nada el cobro del impuesto, porque se está ejecutando sobre sus ganancias, no sobre el valor del bien. Por eso, no tiene sentido que ese costo se pretenda trasladar al cliente”.
Sin embargo, Hérmel Flores, presidente de la Cámara de la Construcción de Quito, reitera que a los constructores no se les debe cobrar el impuesto por la primera venta. “No son actividades similares. La una es producción y la otra es comercialización. Ahí no existe plusvalía”.
Carvajal, no obstante, justifica el cobro en que los constructores hacen acuerdos de construcción de las viviendas. “El constructor le dice al cliente que la casa vale USD 30 000. Sus costos e impuestos pagados ascienden a USD 25 000. Entonces, sí tiene una utilidad de USD 5 000 y sobre ella debe pagar el 10%”.
Mientras esta discusión se da, desde hace varias semanas los trámites de escrituración se han estancado. Jaime Rumbea, director ejecutivo de la Asociación de Promotores Inmobiliarios y Vivienda del Ecuador (Apive), asegura que hay miles de procesos en espera de una resolución de los municipios. “Eso ha implicado costos, a nosotros y también al cliente”.
Santiago Villalba es uno de los damnificados de esta incertidumbre. Adquirió un departamento de USD 45 000 y hasta ahora no puede contar con las escrituras, la que quiere utilizar como garantía para solicitar un crédito. “La constructora me ha dicho que si el impuesto sube, me lo cobrarán. No sé exactamente cuánto más será, por el proceso en el notario está parado”.
En cambio, para la corredora de bienes raíces, Patricia Villegas, su actividad está en espera. “Me he abstenido de comprar y vender hasta saber los valores que debo sumar a mi transacción”.
Mientras tanto, la concejala de Quito, Elizabeth Cabezas, recibe hoy en la mañana a los representantes del sector de la construcción para analizar las posturas de ambos lados. Con el resultado de la cita, el Concejo define en la tarde la tasa impositiva que regirá.