7 de December de 2011 00:02

Ícaro: las liquidaciones son inciertas

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Hasta el 18 de noviembre la compañía Ícaro tenía 156 empleados. Desde el día siguiente, como parte del proceso de liquidación de la firma, solo quedaron nueve empleados administrativos, más el personal de seguridad.

En mayo, Ícaro solicitó su disolución ante la Superintendencia de Compañías. Fue el inicio de la “telenovela”: la empresa primero pidió tiempo a las autoridades para superar su problema, un mes después la Superintendencia retiró el pedido de disolución y 30 días más tarde lo restableció.

Esteban Saltos, su ex vicepresidente, señaló en ese entonces que esta podía ser recapitalizada. A inicios de agosto dijo que las pérdidas acumuladas serían superadas “a través de los créditos otorgados por los accionistas en años anteriores y el uso de saldos de las cuentas de reservas”. Un mes mas tarde, el ex presidente, Guido Saltos, anunció una inversión proveniente de México.

Pese a estos planteamientos el proceso de liquidación de la compañía siguió. La firma dejó de dar servicio desde octubre y, el 18 de noviembre el liquidador designado, Édgar Espín, determinó la salida del personal.

Un comunicado del funcionario, pegado en la garita del punto de venta de ‘tickets’ ubicado en la av. Amazonas y Carlos Endara, en Quito, informaba a los empleados que solo trabajarían hasta ese día. Pero también se señalaba que un número reducido de empleados de las áreas de sistemas, recursos humanos, comercial, financiera, contabilidad, ventas y todo el personal de seguridad, debía quedarse laborando.

A los ex empleados no les tomó por sorpresa la decisión, pues sabían de los problemas de la firma. Una de ellas, quien prefirió la reserva, señaló que todavía no le cancelaban la liquidación y que esperaba una respuesta. Ella habló de una posible denuncia de los ex colaboradores de la compañía aérea ante la Inspectoría de Trabajo de Pichincha, como medida para que les cancelen sus haberes y los derechos de Ley por la figura de despido intempestivo.

Este Diario solicitó al Ministerio de Relaciones Laborales la confirmación del inicio de estos procesos, sin embargo no hubo respuesta. Con respecto al mismo tema una fuente dijo que se deberá pagar por monto de indemnizaciones alrededor de USD 2 millones y que el proceso tomará un tiempo no especificado.

Saltos indicó que esto ya no le compete a él, sino al liquidador de la empresa. Ahora, este se encuentra determinando el inventario y quiénes son los acreedores públicos y privados, etc.

En este proceso se ha encontrado un problema. Los bienes de la compañía se encuentran embargados por el Servicio de Rentas Internas (SRI). La entidad la glosó con USD 16 millones por pagar menos impuestos entre el 2004 y el 2005, cosa negada por Saltos.

El ente tributario intentó subastar los bienes de la aerolínea pero no se cumplió. Actualmente, no se puede enajenar los bienes de la compañía aérea. Esto impide responder a los empleados y se necesita levantar el embargo.

Puntos legales

Según expertos, se debe respetar el orden de prelación de pagos en el proceso de liquidación, como lo señala el Código Civil.

Los trabajadores son los primeros que deben ser cancelados. Luego los acreedores públicos y posteriormente los privados.

Entre los acreedores de Ícaro están el SRI, el IESS, Quiport, entre otros.

El liquidador, actuando conforme a lo que establece el Código Civil, convocó el mes pasado, a través de diario La Hora, a los acreedores para que justifiquen sus derechos.

Los pasajeros reclaman el dinero de sus boletos

Pasajeros que compraron boletos en Ícaro y no pudieron concretar sus vuelos por el incumplimiento de la firma reclaman la devolución de sus haberes.

El pasado 2 de octubre, la compañía presentó problemas técnicos en una aeronave, por lo que debió paralizar sus operaciones. Sorpresivamente, durante el feriado por finados, vendió un vuelo completo Quito-Manta-Quito.

La salida hacia el puerto manabita se cumplió, pero el retorno a la capital no por lo que decenas de pasajeros fueron perjudicados. Entre ellos estuvo César Sánchez, quien adquirió tres boletos para un viaje Quito – Manta – Quito para el 20 de septiembre. Pero su hija no pudo viajar, por lo que cambiar el ‘ticket’ para el 2 de noviembre. Sin embargo, llegada la fecha, el servicio no se concretó y perdió USD 204 por un boleto de adulto y otro de la tercera edad.

“Me dijeron que dirija una carta al liquidador, que indique el número de mi cuenta, que traiga una copia de los boletos y que el 15 de noviembre me iban a devolver. Sin embargo, no se cuando mismo van a pagar”, manifestó.

Una situación similar la vive Johana Álava. Ella adquirió un boleto a Manta para el 9 de octubre, sin embargo, el vuelo tampoco se concretó.

Desde esa fecha pide la devolución de su dinero y, aunque también le indicaron que el 15 de noviembre se le pagaría, no ha recibido sus haberes.

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