El exrector del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Arturo Villavicencio, denunció hace un año públicamente que los proyectos fotovoltaicos tenían una tarifa muy alta cuando el Gobierno firmó varios contratos. De cerca de 146 MW que estaban previstos instalarse hasta este mes solo han ingresado 3 MW. El catedrático analiza el tema.
¿Cuáles fueron los principales problemas de los proyectos fotovoltaicos?
Lo que yo siempre sostuve fue que el negocio era muy grande y con ganancias excesivas. Me imagino que muchas empresas serias se dieron cuenta de que iba a llegar el momento en que tras hacer la inversión, el Estado no les iba a poder pagar esa misma inversión.
Entonces comenzaría un retraso de pagos y procesos de renegociación de la tarifa y por ello pienso que decidieron retirarse. El tema es tan descabellado porque, como le indiqué hace un año, el Estado compra energía solar a una tarifa de USD 0,40 por kilovatio hora (kW-h) y deja de producir energía (hidroeléctrica) que le va a costar menos de USD 0,03. Eso es una locura.
A pesar de que hubo críticas a la tarifa, ¿por qué cree que continuaron con los proyectos y por qué ahora están estancados?
Creo que se dieron cuenta del cuestionamiento público que iba a darse porque esto no tenía justificación por ningún lado. Ni por el lado ambiental ni por el lado de diversificación de la matriz energética. Por ningún lado había ningún asidero. Lo único que había detrás de todo esto era un negocio con ganancias desproporcionadas para los inversionistas y con una pérdida terrible para el Estado. En definitiva iban a ser los consumidores quienes al final tendrían que pagar ese déficit tarifario.
Todavía hay proyectos que van a instalarse, ¿Qué pasaría con ellos?
El problema aún existe. Hay contratos de compraventa de energía que se firmaron con el Conelec y habrá empresas que se sentirán seguras de ir a los tribunales en el momento en que el Conelec quiera dar marcha atrás.
¿Hay entonces un riesgo latente de que el Estado sea demandado?
Supongo que sí. No sé cómo se hayan firmado los contratos. Pero si alguna empresa ya empezó su inversión, creo que podría demandar al Estado por daños y perjuicios.
¿Qué lección queda de todo este proceso?
Hubo una falta de análisis y una improvisación imperdonable del Conelec al aprobar la regulación que fijaba esa tarifa. Pero me parece que con una tarifa no tan alta, el Estado podría impulsar estos proyectos, no desde la perspectiva de la generación en sí, sino para desencadenar un proceso tecnológico de producción nacional de tecnologías solares.
_”El Estado podría impulsar las tecnologías solares con una tarifa no tan alta y desencadenar un proceso tecnológico de producción nacional como en otros países.”