La hora de la verdad para el Ecuador en el caso que la petrolera Occidental Petroleum por haber roto su contrato de explotación en el 2006 está cada vez más cerca.
En efecto, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi, del Banco Mundial podrá pronunciarse sobre el reclamo de la Occidental (Oxy) a finales de este año o antes.
Esto podría significarle al Ecuador el pago de más de USD 3000 millones en el caso de que el fallo sea contrario para el país.
Precisamente con este motivo, el Procurador Diego García viaja a Washington para representar al Ecuador en una audiencia que se realizará el 30 de junio.
Según un boletín de prensa de la Procuraduría, García piensa que la decisión del Ciadi podría producirse en la segunda mitad del año.
Occidental reclama el pago de USD 3 200 millones por los daños que, alega, le produjo el Ecuador con la decisión de mayo del 2006 de cancelar unilateralmente el contrato de la petrolera, bajo el argumento de que esa empresa violó la ley al transferir el 40% de su participación a la canadiense Encana sin la aprobación del Ministerio de Energía.
Oxy interpuso la demanda ante el Ciadi en julio del 2006.
La petrolera ha dicho que el gobierno ecuatoriano violó el tratado bilateral de inversiones al cancelar el contrato.
La Cancillería, por su lado, informó, mediante un comunicado, que la audiencia tendrá por objeto analizar los informes periciales de ambas partes practicados dentro del proceso.
Fuentes de la Procuraduría indicaron a este Diario que del lado de Oxy, los peritos contratados por la firma indican que las inversiones realizadas en el bloque 15 hasta su caducidad ascienden a USD 3 000 millones, los que debería reponer el Estado ecuatoriano más los intereses causados hasta la fecha.
Sin embargo, la posición del Estado es que se actuó conforme a derecho, al resolver la caducidad del contrato, como consecuencia de la aplicación de la Ley de Hidrocarburos ecuatoriana y lo estipulado en las cláusulas del respectivo contrato.
El motivo para la caducidad del contrato en el 2006 entre Ecuador y la petrolera fue el traspaso que Oxy hizo de parte de las acciones de su bloque a Encana, una tercera compañía, en el 2000 sin el previo consentimiento de Petroecuador y el entonces Ministerio de Energía y Minas.
No obstante, el propio Presidente, en su cadena del día sábado expresó su preocupación por el desenlace de esta y otras demandas que enfrenta el país. “Están en juego miles de millones de dólares con los casos de Occidental, Chevron, Perenco… La economía corre un grave riesgo por estos juicios”.
Luego de realizada la audiencia del 30 de junio próximo y previo el análisis de lo actuado en el procedimiento arbitral, el Tribunal con sede en Washington estará en posibilidad de dictar la sentencia final respecto del reclamo planteado por Oxy. Eso se daría en el segundo semestre.