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El Gobierno tiene la llave para vigilar a los usuarios de Internet

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27 de July de 2012 00:01

El Estado identificará el lugar del que provienen las acciones que los usuarios realicen en la web.

Esto lo consigue al solicitar a las proveedoras de Internet las direcciones IP de sus abonados. Eso consta en el artículo 29 del Reglamento para Abonados-Clientes-Usuarios de Telecomunicaciones y Valor Agregado, que permite receptar estos datos.

Los expertos consultados coinciden que esto es una forma de vigilar las acciones de las personas que acceden a Internet.

Francisco Endara, ingeniero, explica que en el momento que una persona ingresa a una página web o publica un comentario en Internet (lo haga con su nombre propio o un pseudónimo) la dirección IP queda registrada y su privacidad se mantiene.

“Sin embargo, quien obtenga un listado con su nombre e IP le será fácil rastrear y monitorear (con el software adecuado) sus actividades en Internet, incluso sus comentarios en determinados sitios a los que tenga acceso”.

Con esta versión coincide el catedrático en telecomunicaciones, Carlos Egas. Para él, cuando el Estado obtenga el registro de las direcciones IP podrá identificar a las personas que están utilizando el servicio. Es decir, sabrá lo que un ciudadano conectado a Internet transmite desde su computador, además de lo que recibe.

De ahí que, al tener la dirección IP se facilita el reconocimiento del lugar donde está la máquina.

Para el ingeniero en redes informáticas, Pablo Almeida, esto se aplica en los países comunistas, para saber quién está con el Gobierno y quién no. “Es una medida de presión para que no se hable mal (del Gobierno) y no se generalice y por ende se contagie a más gente.

Esta opinión es compartida por Endara, quien asegura que a pesar de que la Internet es un medio de comunicación para el desarrollo de las personas y en el cual la privacidad es un elemento fundamental para sus usuarios, existen países como China, Corea del Norte, Cuba o Irán en los que se controla lo que sus ciudadanos publican o leen en los portales web.

Para la economista Martha Roldós, es preocupante que una de las razones para solicitar las direcciones IP es restringir la libertar que la gente siente en la web.

“Esto atenta contra el artículo 66 de la Constitución, que resalta el derecho de protección de datos personales y que además requerirá la autorización del titular”. Además de los derechos de inviolabilidad de correspondencia, excepto a los casos previstos en la ley. “Esto no obedece a un reglamento”, dice Roldós.

Sin embargo, para el ingeniero en Telecomunicaciones, Pablo Carrión, estas acciones no deben generar temor. A su parecer, la intención del Gobierno es conocer el número de conexiones de IP que hay en el país. “Es una manera de controlar a la gente que provee el servicio y no a los usuarios, ya que las empresas deben pagar por las direcciones públicas que pueden ofrecer”. También cree que hay firmas que cambian las direcciones IP al menos seis veces al día, por seguridad.

A pesar de que este Diario insistió en mantener una entrevista con el Superintendente y el Ministro de Telecomunicaciones, no tuvo acceso, pues según sus departamentos de comunicación, los funcionarios participaban de una reunión en Sucumbíos.

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