23 de July de 2010 00:00

El Gobierno dio por terminados dos contratos de Perenco y Burlington

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Redacción Negocios

El ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, resolvió el martes pasado declarar la caducidad de los contratos de participación que mantenía el Estado con la compañía petrolera francesa Perenco y la estadounidense Burlington.

Las empresas tenían un contrato de exploración y explotación de los bloques 7 y 21 y del campo unificado Coca-Payamino.Mientras Perenco era la operadora de los pozos, Burlington tenía la figura de socio que participaba del 43% de los bloques.

El proceso de caducidad inició el 28 de septiembre del 2009 a pedido de Petroecuador, que argumentó que las empresas abandonaron los campos.

Las compañías dejaron de operar los pozos el 16 de julio de ese año luego de que el Gobierno embargara el crudo que las empresas producían cuatro meses atrás.

Ello, a fin de cobrar una deuda de USD 327 millones originada en la Ley 42, que desde el 2007 obligaba a las petroleras extranjeras a entregar el 99% de sus ingresos extraordinarios por los altos precios del crudo, que en el 2008 se redujeron al 70%.

Perenco y Burlington nunca cumplieron con esta reforma tributaria al argumentar que este cambio en los contratos firmados con el Estado hacían inviable el modelo de negocio en los campos.

En su lugar, Perenco interpuso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) una demanda arbitral por USD 440 millones, indicando que los cambios del contrato fueron ilegales.

Burlington también presentó una demanda ante el Ciadi con la misma motivación. Sin embargo, aún no ha fijado un monto.

Hasta el momento se han rematado ocho embarques del crudo de Perenco y Burlington por USD 247 millones, por lo que la deuda de la compañía francesa se redujo a USD 80 millones, sin tomar en cuenta los intereses generados.

La caducidad se sostuvo en el artículo 74 de la Ley de Hidrocarburos que faculta al Ministerio de Recursos No Renovables para declarar la caducidad de contrato petrolero si la contratista suspendiere la explotación de los campos por más de 30 días sin justa causa.

Pástor indicó que a la deuda de las compañías aún se debe sumar el monto de los pasivos ambientales de los campos, que está determinando Petroamazonas y el Ministerio del Ambiente.

El consultor petrolero privado, Freddy Checa, opinó que es justa la caducidad porque la compañía no cumplió con la Ley 42 y abandonó los bloques.

El ex ministro de Energía, René Ortiz, en contraste, indicó que no fue adecuada la caducidad debido a que el caso está en litigio en cortes internacionales y perjudicará la defensa del Estado. Advirtió que las compañías no podían permanecer en el país por la incautación del crudo producido.

Petroamazonas seguirá con la operación de los bloques 7 y 21.

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