Los camaroneros que no estén ubicados en playas y bahías podrán mantener sus niveles de producción y la superficie de sus piscinas. Es decir, quienes no tengan concesión con el Estado podrán tener camaroneras con más de 50 hectáreas si son personas naturales, y más de 250 si son empresas.
Así lo explicó ayer el subsecretario de Acuacultura, José Centanaro, quien reconoció que hubo ciertos errores en la redacción del Decreto Ejecutivo 261, que limitaba las áreas de cultivo de los camaroneros en toda la Costa.
En el país existen 159 373 hectáreas de camarón de las cuales 52 000 son concesionadas por el Estado y 42 000 están ubicadas en tierras altas o son de propiedad privada. El resto está en proceso de regularización.
El Decreto prohibía que los camaroneros tengan más de 50 hectáreas cada uno y que no tengan vínculos familiares. Así también las empresas podían tener hasta 250 hectáreas y que sus socios no sean familiares ni tengan relaciones con otros productores.
Según Centanaro, no se prohíbe el crecimiento ni el desarrollo del sector. “Se trata de tener una equidad en la repartición de las tierras y de acabar con el oligopolio. Hay grupos que acaparan las tierras y no dan opciones a los demás”.
Eso generó malestar entre los camaroneros, quienes creen que hay una estatización de sus negocios. Ayer, más de 100 productores de diversas partes de la Costa reclamaron en los exteriores del Ministerio del Litoral.
César Monge, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), explicó que el Decreto ya se publicó en el Registro Oficial y que eso destruirá a muchas familias. “Tienen que corregir eso porque causará desempleo y pérdidas de las inversiones”.
Rodrigo Laniado, presidente de Songa, exportadora y productora de camarón, contó que con estas medidas se va a limitar el volumen, la calidad y las investigaciones para el mejoramiento del crustáceo. “Con esto nos deja sin oxígeno para seguir operando y planificando las inversiones para ser eficiente y competir en el mercado externo”.
Las exportaciones de camarón sumaron USD 654 millones en 2009. Fue el tercer producto de mayor venta del país generó más de 200 000 plazas de trabajo.
Centanaro sostuvo que se harán los cambios para evitar malas interpretaciones. “Entre hoy y mañana haremos un adéndum a este decreto para corregir los errores que tiene, para que no haya malas interpretaciones”.
Otro cambio incluye a las personas naturales y a las empresas o personas jurídicas. Para las primeras no se ponen límites en las superficies. En las segundas, que tengan concesiones con el Estado, solo podrán administrar una zona de hasta 250 hectáreas. Además no debe tener vínculos familiares con otros productores caso contrario se revertirán al Estado.
Con esa disposición los productores de Hualtaco, representados por Wilson Alcívar, y que mantienen una asociación, podrán seguir con sus operaciones ya que cada uno de sus socios tenía más de 50 hectáreas y eran familiares.