Gasolineras de Loja y Zamora a manos del Estado

Las estaciones de servicio están militarizadas.     La bomba de combustible de Petróleos y Servicios de Zapotillo está custodiada.  Lilia Arias /EL COMERCIO

Las estaciones de servicio están militarizadas. La bomba de combustible de Petróleos y Servicios de Zapotillo está custodiada. Lilia Arias /EL COMERCIO

La Cámara de Distribuidores de Combustible de Loja y Zamora Chinchipe mostró su preocupación por la declaración de utilidad pública de 10 estaciones de servicio ubicadas en las zonas de frontera.

La medida se tomó con base en una resolución de cinco ministerios emitida el pasado 24 de mayo. Según el director de la Agencia de Hidrocarburos de Loja y Zamora, Patricio Cueva, el objetivo del Estado es combatir el contrabando de combustible y mejorar el sistema de distribución que se da en la zona de frontera.

René Buitrón, propietario de la estación Reina del Cisne de Zumbi, en Centinela del Cóndor, en Zamora, dijo que el acuerdo rige para las estaciones ubicadas a 40 km de la línea de frontera.

Dijo estar preocupado porque las indemnizaciones no cubrirán los valores invertidos. Su negocio, por ejemplo, tiene una extensión de unos 3 200 metros cuadrados y las inversiones realizadas para montar la estación de servicio sobrepasan los USD 600 000. Según el avalúo municipal, le correspondería una indemnización de cerca de USD 60 000. “Para instalar la estación de servicio tuve que endeudarme”, indicó.

Además reclamó la aplicación de la medida aduciendo que su provincia no tiene contacto directo con poblados peruanos.

Segundo Guayanay comparte esa preocupación. Él adquirió la gasolinera Sozoranga, ubicada en el cantón del mismo nombre, hace más de un año e invirtió USD 220 000. “Tenemos deudas y está en riesgo el patrimonio familiar”, señaló.

Guayanay denunció que al inicio su gasolinera recibía 25 000 galones de diésel y 30 000 de gasolina extra cada mes. Pero desde el 17 de junio le asignan 14 000 galones de diésel e igual porcentaje de gasolina extra en el mismo período. “Lo curioso de esto es que hace un mes se abrió un nuevo negocio por el mismo sector”.

Kelvin Calva también tendrá que entregar su gasolinera Señor Cautivo en Macará. En ese negocio invirtió USD 250 000.

Dijo que la gasolinera es su único negocio y si lo cierran se quedará desempleado.

Ulises Silva, presidente de la Cámara de Distribuidores de Combustible de Loja y Zamora Chinchipe, explicó que a más de los 10 negocios que serán declarados de utilidad pública, otras 15 estaciones de servicio corren el riesgo de ser cerradas definitivamente. Esta medida rige para las provincias fronterizas.

Para exigir que se respete el derecho de los socios acudirán a las instancias legales, dijo Silva. Descartó medidas de hecho.

Patricio Cueva, director de la Agencia de Hidrocarburos de Loja y Zamora, en torno a las 15 estaciones que perderían el permiso de operación, dijo que en la institución no reposa ninguna comunicación oficial al respecto.

El funcionario manifestó que las gasolineras que serán declaradas de utilidad pública fueron previamente analizadas por técnicos de la Agencia de Hidrocarburos y Petroecuador.

El acuerdo interministerial únicamente habla de intervenir gasolineras dentro de un rango de 40 km de la línea de frontera. Según Cueva, unas 10 gasolineras de Loja y Zamora Chinchipe deberán ser expropiadas. “La orden de Petroecuador solo establece la utilidad pública con fines de expropiación”, explicó.

Cueva dijo que siguiendo las directrices establecidas se designarán interventores y estos estarán durante tres meses. Luego la Agencia de Hidrocarburos decidirá la compra o no de las estaciones de servicio.

Los propietarios de las gasolineras recibirán la indemnización y Petroecuador iniciará la negociación. Para el avalúo se tomará en cuenta la información municipal. Sin embargo, los propietarios de las gasolineras intervenidas están preocupados, pues consideran que el avalúo municipal no se acerca a la realidad.

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