23 de March de 2010 00:00

La Fiscalía revive el caso del campo petrolero Palo Azul

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Redacción Negocios

Alrededor de seis horas duró la audiencia de formulación de cargos que llevó a cabo ayer la Fiscalía General del Estado contra 27 ex funcionarios del Ministerio de Energía y Petroecuador.

La acusación, por presunto delito de peculado, es contra las autoridades que tuvieron participación directa desde 1994 en la concesión del bloque 18 y la declaración de Palo Azul 2 como campo unificado al bloque.

El fiscal subrogante, Alfredo Alvear, dedicó dos horas y media para dar a conocer los antecedentes sobre este caso e identificar a los funcionarios que estuvieron involucrados en el proceso de cesión de derechos de la empresa petrolera Amoco y ELF a las compañías Cayman y Petromanabí.

Según Alvear, estos procesos estuvieron viciados de irregularidades ya que, al no encontrarse yacimientos importantes en el bloque, este debía regresar al Estado y no pasar a manos privadas.

El funcionario sostuvo que fue ilegal el convenio mediante el cual el yacimiento Hollín superior del Campo Palo Azul fue declarado unificado al bloque 18. Y como esa decisión fue ilegal hubo un perjuicio al Estado por cerca de USD 5 000 millones.

Para llegar a esa cifra consideró los 40 000 barriles diarios que produce el campo y la participación del 50,5% que se llevaron ilegalmente las compañías Ecuador TLC (Petrobras), Teikoku, Cayman y Petromanabí.

Esta información nace de un informe elaborado en junio de 2007 por una comisión conformada por el entonces ministro de Energía, Alberto Acosta.

El segundo punto de la argumentación de Alvear fue desestimar el informe de la consultora Gaffney & Cline, la cual determinó que el yacimiento Hollín Superior efectivamente sí era común al Bloque 18.

Según Alvear, este informe —que pidió el entonces ministro de Petróleos, Galo Chiriboga, por solicitud de la Fiscalía en 2008— estuvo viciado por conflicto de intereses debido a que Gaffney & Cline habría trabajado antes para la compañía Petrobras.

El ex sindicalista de Petroecuador, Fernando Villavicencio, quien estuvo presente en la audiencia, indicó que con base en esta argumentación de la Fiscalía, también se debería involucrar en el caso al ex ministro Chiriboga y al ex presidente de Petroecuador, Luis Jaramillo, quienes contrataron Gaffney & Cline.

Alvear aclaró que de los 29 ex funcionarios citados inicialmente, dos no fueron imputados y por lo tanto no se les formuló cargos: el ex presidente, Gustavo Noboa y el ex ministro de Energía, Eduardo López. Según Alvear, porque los dos ex funcionarios presentado documentación que justificó su accionar.

En horas de la tarde, 16 abogados de los ex funcionarios acusados presentaron sus argumentos para refutar a Alvear. Pidieron que haya un trato igualitario para sus defendidos con respecto al ex presidente Noboa y a López quienes habrían tenido audiencia con el Fiscal subrogante, lo que no se dio para todos.

El argumento común fue que las ex autoridades no podían ser juzgadas por dos ocasiones, ya que en el 2005 la fiscal Cecilia Armas archivó la investigación por presuntas irregularidades en el caso Palo Azul. Adicionalmente, argumentaron que la tercera sala de lo Penal de la entonces Corte Suprema de Justicia en el 2006 confirmó la acción de la Fiscalía y archivó el juicio penal.

Los abogados insistieron en que la comisión formada por Alberto Acosta no tenía base legal, no así la auditoría de la firma Gaffney & Cline. Además, la conformación de la comisión que conformó el ex Ministro Acosta fue derogada meses después por Chiriboga por no tener ningún sustento jurídico de acción, ni ser vinculante.

Argumentaron que de acuerdo con una resolución de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), publicada en el Registro Oficial el 19 de marzo pasado, cualquier tipo de acusación de la Fiscalía hacia ex funcionarios deberá ser motivada por un informe previo de la Contraloría, lo que no se ha dado.

La segunda sala de lo Penal de CNJ tendrá 90 días para estudiar las pruebas y pronunciarse.

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