19 de September de 2012 00:02

Falta de control a empresas chinas deja dudas sobre la política laboral

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‘No permitiremos la explotación laboral a cambio de inversión extranjera y transferencia de tecnología como pasó con los tigres asiáticos”. Palabras determinantes del presidente Rafael Correa, ante 500 empresarios en el Swissotel de Quito el pasado 28 de agosto en la última cita con el sector productivo.

Sin embargo, al igual que el plan de gobierno de Alianza País y el discurso del Mandatario sobre las cuatro éticas empresariales, esas declaraciones no han tenido un efecto directo, ni cumplimiento estricto en los proyectos hidroeléctricos que levantan las empresas chinas, según los propios trabajadores y ex empleados.

Sobre el proyecto Coca-Codo Sinclair —futura central de mayor potencia en el país construida por Sinohydro de China—, este Diario dio a conocer decenas de denuncias de trabajadores sobre malos tratos, condiciones de insalubridad en los campamentos, alimentación y alojamiento deficientes y falta de atención médica. Los trabajadores también denunciaron la falta de pago de horas extras y 40 despidos intempestivos.

Similares denuncias se dieron en el proyecto Toachi-Pilatón, construido por CWE de China, donde los trabajadores se quejaron de falta de dotación de implementos de equipos de seguridad y de jornadas de hasta 36 horas seguidas, sin compensación.

Este Diario remitió un cuestionario de seis preguntas al Ministerio de Electricidad respecto la incoherencia entre el discurso laboral oficial y estas denuncias.

En respuesta, la entidad remitió un comunicado con el membrete de la Corporación Eléctrica del Ecuador (contraparte nacional en ambos contratos).

Ahí detalló que las compañías contratistas de los proyectos, sin importar su país de origen, están obligadas a “cumplir con las estipulaciones de los contratos y las leyes vigentes (...) en materia laboral, de seguridad industrial y salud ocupacional”.

Añadió que “en el evento de producirse incumplimientos, se activan las sanciones establecidas en los contratos”. Pero, no especificó qué sanciones han sido ejecutadas hasta el momento.

“Dadas las particulares características, tamaño y complejidad de estos proyectos se han presentado ciertos problemas durante su construcción, especialmente en el período de arranque”, cerró el comunicado de la Celec.

El ex ministro de Trabajo, Francisco Díaz Garaicoa, comentó que justamente la etapa de inicio de una obra no exime a una constructora del cumplimiento de sus obligaciones laborales.

Díaz aclaró que el Ministerio de Relaciones Laborales en los últimos cuatro años ha sido muy celoso en exigir que las empresas privadas cumplan con el Código de Trabajo en cuanto a estándares de seguridad, higiene, atención médica y alojamiento de los empleados en caso de campamentos.

En esa línea destacó que los inspectores del Trabajo hacen visitas periódicas a las empresas para verificar que estos parámetros se cumplan y, de no hacerlo, se aplican sanciones y se hacen nuevas inspecciones para verificar que se realicen los correctivos.

Díaz Garaicoa cree que esos estándares se deben exigir, con mayor razón, en las obras de gran escala e importancia para el país.

Antes las denuncias laborales contra la firma CWE, este Diario solicitó al Ministerio de Relaciones Laborales información sobre los controles realizados y posibles sanciones. No hubo respuesta.

El ex sindicalista petrolero, Diego Cano, opina que a nivel mundial las empresas chinas no tienen buena fama en el trato con sus trabajadores. Y, al ser China el principal proveedor de financiamiento del Gobierno, este último reduce sus exigencias a nivel laboral por temor a enemistarse con el gigante asiático, que le sirve casi de único prestamista.

Cano destaca que el mismo Régimen no mostró coherencia con su discurso laboral en las propias empresas e instituciones públicas, cuando aplicó las compras “obligatorias” de renuncias.

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