14 de November de 2012 00:04

Ex trabajadores de Petroecuador viven ahogados en deudas

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Tras dos años sin un ingreso fijo, 104 ex trabajadores de Petroecuador involucrados en el caso Gaspetsa se debaten entre el sobreendeudamiento y el subempleo.

Este grupo de funcionarios de Quito y Esmeraldas se benefició de una sentencia dictada por la Corte Provincial de Esmeraldas, de febrero pasado, la cual dispuso que sean reintegrados a sus antiguos cargos en la petrolera.

La decisión fue apelada por Petroecuador en la Corte Constitución, pero su recurso fue rechazado en octubre pasado.

Al respecto, el gerente de Petroecuador, Marco Calvopiña, anunció que esta semana serían reintegrados los 104 ex empleados, pero sin indemnización.

Sin embargo, hasta ayer, ninguno había recibido la acción de personal para regresar a su cargo (vea noticia compartida).

El caso Gaspetsa data de septiembre del 2010, recuerda Pablo Núñez, técnico de operaciones de la terminal Oyambaro de Petroecuador, quien forma parte de los empleados que retornarán.

El día 15 de ese mes recibió una notificación de Petroecuador que lo declaró suspendido por un conflicto de intereses al tener acciones en la firma Gaspetsa.

Esta empresa tenía un contrato de provisión de combustible de pesca artesanal con la petrolera.

Núñez trabajó 17 años en Petroecuador y hasta el día de su suspensión no sabía que tenía USD 80 en acciones de Gaspetsa.

La vinculación se dio porque un grupo de más de 628 trabajadores tenía acciones en Corpam, una de la cooperativas de los empleados Petroecuador.

Esta última había comprado cientos de acciones de Gaspetsa sin el conocimiento de los trabajadores. De esa manera, los accionistas de Corpam pasaron a ser accionistas de Gaspetsa.

El secretario de Transparencia de la época, Juan Sebastián Roldán, denunció el hecho como un ilícito, ya que había un conflicto de intereses. Pidió el visto bueno para los trabajadores involucrados, entre ellos Pablo Núñez.

A pocas semanas de ser suspendido, Núñez recibió el visto bueno y comenzaron sus problemas.

Dejó de pagar las cuotas de su vivienda, por la cual había abonado USD 16 000. También dejó de ser técnico líder de operaciones en la terminal Oyambaro. Actualmente conduce un taxi.

Aunque redujo sus gastos al máximo, ha venido acumulando una deuda que llega a USD 30 000 para pagar el taxi y evitar que no le embarguen la casa.

Como al resto de trabajadores involucrados en el caso Gaspetsa, a Núñez le ofrecieron firmar un acta transaccional con Petroecuador en el 2011 para regresar a su trabajo. A cambio debía desistir de demandar a la petrolera y aceptar el visto bueno.

“No acepté porque el visto bueno fue injusto y quiero mantener limpio mi apellido”.

Espera que la sentencia de la Corte de Esmeraldas se cumpla y así poder regresar a su antiguo cargo con el expediente intacto.

Una postura similar sostiene Carlos Cadena, ex supervisor del sistema Scada del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano de Petroecuador. Él hizo carrera en la petrolera estatal desde 1987 y, como Núñez, presentó documentos que mostraban que nunca autorizó ser accionista de Gaspetsa, pese a lo cual también fue despedido con visto bueno.

Con tres hijos que mantener ha realizado trabajos ocasionales. Entre ellos, administrar un colegio, donde ganaba la décima parte del sueldo que tenía en Petroecuador. Antes de salir de la petrolera sacó un crédito para comprar un departamento.

Para no tener que devolver el inmueble, su familia le ha prestado cerca de USD 30 000 en los últimos dos años. Cadena tampoco firmó el acta transaccional para mantener limpio su nombre.

En esa misma línea está Jorge Benavides, supervisor de la unidad No Catalítica de la Refinería de Esmeraldas, quien trabajó durante 23 años en Petroecuador.

En la empresa hizo carrera y se capacitó en México, Colombia y Chile para a su vez dar capacitación a sus pares en Esmeraldas.

Fue despedido de Petroecuador por tener USD 400 en acciones de Gaspetsa, de las cuales, dice, no autorizó y ni conocía.

Buscó trabajo en varias empresas, pero la figura de visto bueno le impidió ser contratado, Para mantener a su familia tuvo que gastarse sus fondos de cesantía y otros ahorros que tenía.

Como el suyo, decenas de casos se repiten en Quito y Esmeraldas. Entre ellos se destacan los de Patricia Boada y Gustavo Tello, operadores capacitados para trabajar en la Refinería, quienes también se han dedicado a manejar taxis para mantener a sus familias.

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