31 de July de 2011 00:02

La ex Emelec y el Estado litigaron 26 años por el manejo eléctrico

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La mayor empresa eléctrica del país, que demanda el 35% de la energía y factura más de USD 313 millones anuales, se alivió de uno de los problemas más largos de su historia.

Se trata del cruce de cuentas y la propiedad de los activos, un litigio que empezó en 1985, cuando terminó el contrato de concesión, pero se agudizó cuando su propietario, Fernando Aspiazu, perdió el Banco del Progreso y debía cancelar a los depositantes.

Aspiazu fue detenido pero conformó varios fideicomisos para no perder los activos que servirían para pagar a los perjudicados.

Eduardo Castro, ex administrador de la Corporación para la Administración Temporal de Guayaquil (Categ), sostuvo que el cruce de cuentas se complicó cuando se renovaban los equipos de la empresa. “Los nuevos activos pasaron a la Categ, mientras que los que se daban de baja se iban a la ex Emelec. También se cobraban deudas pasadas. Fueron muchas cuentas que se cruzaban y eso alargaba más el problema”.

De ahí que en el 2007 se creó la Unidad de Energía Eléctrica de Guayaquil (Udeleg), con el fin de solucionar el cruce de cuentas. El resultado fue un saldo a favor del Estado por USD 389 millones.

José Pileggi, experto eléctrico, dijo que ahora la tarea del Estado es cobrar esa deuda y solucionar el problema laboral.

Emelec

Un contrato que generó ganancias

La llegada de la Empresa Eléctrica del Ecuador (Emelec) a Guayaquil, en 1925, para generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica, estuvo marcada por polémicas y beneficios. La firma pertenecía a la estadounidense Electric Bond and Share Company. Su primer contrato lo firmó el 3 de junio de 1925 con el Municipio de Guayaquil, por 60 años.

Uno de los compromisos de Emelec era pagar al Cabildo el 2% sobre los ingresos brutos generados por el negocio. Pero en 1966 la Junta Militar dispuso que el contrato debía firmarse con el Estado y resolvió que las tarifas de los consumidores se reajusten una vez al año, según las necesidades de la Empresa Eléctrica. Además se garantizó un rendimiento neto anual que no superaría el 10% y tampoco sería menor al 9,5%.

La idea fue que Emelec generara ganancias. En 1977, los dueños de Emelec notifican a Ecuador que habían vendido las acciones a Scopar International Inc., representada por John Scopetta.

Conflictos

4 laudos no ayudaron a solucionar

Los litigios por renovar el contrato de concesión y definir el precio justo de los activos entre el Estado y Emelec duraron 15 años. Ni los cuatro laudos arbitrales fueron suficientes para resolver las diferencias. Todo empezó en 1985 cuando el contrato venció y no se renovó. Pero en 1993 el presidente del Banco del Progreso, Fernando Aspiazu, compró la eléctrica en USD 43 millones y no pudo solucionar los problemas.

David Castro, ex apoderado de Emelec, dijo que la polémica era el cruce de cuentas ya que el Estado exigía el pago por el uso de combustibles para generar energía y Emelec pedía un precio justo por los activos. "Págame y te doy la concesión o viceversa era la polémica. Eso pasó con todos los laudos arbitrales y nunca hubo acuerdos".

Entre los integrantes de los cuatro laudos estuvieron Manuel Dengo Obregón, Walter Spurrier, Ramón Jiménez Carbo, Hernán Pérez Loose, Gustavo Galindo, entre otros.

Incautación

El Estado interviene a Emelec

La crisis bancaria y el cierre del Banco del Progreso en 1999 generaron otra telaraña jurídica llena de fideicomisos. Además en marzo del 2000 el Gobierno terminó la operación de distribución y comercialización de energía de Emelec y asumió la administración temporal. El objetivo de los fideicomisos era vender los activos de Emelec y Electroecuador. Pero en dos años se crearon tres fideicomisos. El primero fue el Progreso

Recapitalization Trust (PRT), constituido en Bahamas por Fernando Aspiazu. El PRT era el propietario de las acciones de la empresa North Eastern Power & Energy Co. (Nepec), que a su vez es propietaria de las eléctricas. Luego se cambió al fideicomiso The Progreso Depositors Trust (PDT) para terminar con el fideicomiso Progreso Repatriation Trust (PRT). Rubén Barreno, ex presidente del Conelec, contó que los fideicomisos retrasaron y complicaron el traspaso de los activos de las empresas al Estado.

Administrar

El Gobierno asume la dirección

Durante 11 años el Estado manejó la distribución y comercialización de Energía en Guayaquil. Con la figura de Administrador Temporal la empresa cambió de razón social y pasó de Emelec a Corporación para la Administración Eléctrica de Guayaquil (Categ) y luego a Empresa Eléctrica de Guayaquil.

En ese período se posesionaron 11 administradores designados por cuatro gobiernos (Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio y Rafael Correa). Cada uno intentó vender los activos, cruzar las cuentas, pagar a los depositantes del Banco del Progreso y mejorar el servicio con operadores privados. Eduardo Castro, ex administrador de la Categ, dijo que la venta de los activos y la concesión del servicio se complicó porque la empresa tenía altos niveles de endeudamiento y baja rentabilidad.

"Venderla habría sido como regalarla. Se apostó a que venga un administrador y mejore sus índices, pero fracasó".

Futuro

Las metas de la nueva empresa

Con un decreto presidencial, la Empresa Eléctrica de Guayaquil se conviertió esta semana en una entidad pública. Es decir, los activos de la ex Emelec pasaron a propiedad del Estado. Pero todavía quedan temas pendientes con trabajadores y jubilados. Francisco Castello, gerente de la Corporación Nacional de Electrificación (CNEL), dijo que el objetivo final es que haya una empresa pública que reúna a las distribuidoras y comercializadoras de energía. "Ya no habrá más problemas de cruce de cuentas".

Édison Delgado, secretario del Comité de Empresa de la ex Emelec, sostuvo que todavía no se soluciona el pasivo laboral. "Eso nos preocupa ya que nadie quiere tomar decisiones ni explicarnos qué pasará con los trabajadores de la ex Emelec".

En este sentido, el nuevo reto de la empresa es que sea administrada por técnicos y garantice la estabilidad de los trabajadores. Castro señaló que la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas es clave.

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