9 de November de 2011 00:01

Entes públicos retoman su labor luego de la compra de renuncias

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Tras la aplicación de la compra de renuncias obligatorias las instituciones públicas, ajenas al sector de la Salud, retomaron su rutina de trabajo.

Entre el 28 y el 31 de octubre el Gobierno aplicó el mecanismo y desvinculó del Estado a 2 700 empleados que, según el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, salieron de 13 instituciones públicas.

La propia cartera que encabeza Espinosa sufrió un ajuste de personal, pues salieron 130 empleados de los 1 000 que laboraban en las áreas administrativas y operativas. En este último caso estaban las oficinas de atención al público como las inspectorías de Trabajo, donde se realizan denuncias y audiencias laborales.

Ayer, en Quito, esta dependencia trabajaba con normalidad. De la misma forma operaban los puntos de registro de pago de sobresueldos, utilidades, liquidaciones, entre otros, que se encuentran en el mismo edificio ubicado en el centro de la urbe.

Una fuente, que prefirió la reserva, dijo que tras la desvinculación laboral no hubo problemas en la atención al público, pues apenas salieron cuatro personas. Esta semana empezaron a laborar quienes las reemplazaron.

Al medio día de ayer, la sala de la Inspectoría de Trabajo de Pichincha lucía repleta. Los empleados atendían en las ventanillas de recepción de documentos en la zona externa, mientras que al interior se hacían audiencias y se recibían inquietudes de empleados.

“Vine a hacer unas averiguaciones sobre cómo me deben pagar una liquidación. Por suerte sí están atendiendo”, señaló Marco Cevallos, mientras ingresaba a la inspectoría por la puerta de la calle Clemente Ponce.

Un panorama de similar se evidenció en la zona de ventanillas del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, en esa dependencia no hubo declaraciones para explicar en qué condiciones quedó la entidad después de la compra de renuncias obligatorias.

En el departamento de comunicación indicaron que el vocero del tema es el ministro del ramo, Staynley Vera, quien ayer se encontraba en Guayaquil. Allí indicaron que en los próximos días posiblemente daría declaraciones.

Otras entidades que, según Espinosa estaban en el listado de aquellas en las que se compraron las renuncias, no han confirmado si se aplicó el procedimiento.

Una de ellas es la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). En el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, por ejemplo, hasta el momento no se ha desvinculado a ninguna persona.

“Cualquier información del proceso la tienen en Recursos Humanos. Nosotros somos una parte de la aviación civil... Aquí estamos con todas las dependencias técnicas operando normalmente. Actualmente trabajamos 195 personas”, señaló René Estrella, jefe del aeropuerto.

Los trabajadores están vinculados a las áreas de abastecimientos, electricidad, electrónica, tránsito aéreo, meteorología, centro de operaciones de emergencia, comunicaciones, administrativo, seguridad industrial, etc.

Los usuarios de la terminal aérea aseguraron que no han registrado problemas en lo referente a la parte operativa.

“Hoy no han habido inconvenientes. Con quienes siempre he enfrentado mal servicio es con las aerolíneas. Hay gente grosera, los ‘counters’ suelen dar mala atención”, indicó Jessica Morales, usuaria frecuente de la terminal.

Si bien en el sitio hay normalidad, en otras dependencias hay incertidumbre, principalmente, de los servidores que todavía no han sido notificados. Una de estas instituciones es el Banco Central, que también está en la lista que maneja el ministro Espinosa.

A inicios de octubre se esperaba que del ente salgan 134 personas, según una carta enviada por personal de la institución. Allí también se denuncian casos de nepotismo.

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