Enero y febrero han sido meses de intenso ajetreo empresarial; y es más común ver el ir y venir de caras conocidas del mundo corporativo en los pasillos de las entidades públicas. Eso, porque a la aplicación de la resolución 116 del Consejo de Comercio Exterior, que dio paso a la restricción de importaciones, se ha sumado un centenar de acuerdos entre empresas y el Gobierno, para afianzar el cambio de la matriz productiva y sustituir artículos importados. Pero esta semana se han dado hechos que evidencian una mayor preocupación del poder público sobre el desempeño empresarial.
Primero, los 70 nuevos reglamentos técnicos que están en un proceso de notificación o trámite, para garantizar la calidad de los productos nacionales o importados, a cargo del Inen. Segundo, la firma de un ‘Compromiso de cese’ (petición que realiza una empresa, en la que se responsabiliza de enmendar el incumplimiento de la ley), entre la Superintendencia de Control del Poder del Mercado y Confiteca, ante el uso de componentes transgénicos.
Si la preocupación oficial es el cumplimiento de la ley, así debe ser y está bien. Lo negativo sería si esa presión responde a otros intereses.