5 de July de 2010 00:00

Las empresas de los Isaías, sin venderse

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Redacción Guayaquil

De las 525 empresas que se incautó a los hermanos Roberto y William Isaías, el 8 de julio del 2008, solo una se pudo vender.

La operación del Hotel Ramada se entregó a sus trabajadores a través de un crédito de la Corporación Financiera Nacional (CFN).

Para el resto de compañías, la tarea sigue complicada. Subastas sin oferentes, concursos largos para valorar empresas, cruce de cuentas, conformación de fideicomisos, inventarios y juicios en disputa han bloqueado la venta.

Esta demora pasó factura a muchas empresas que perdieron negocios y registraron saldos en rojo en sus balances contables. Ese es el caso de las 10 empresas que conforman el grupo EICA (Emilio Isaías Compañía Anónima), el cual comercializa vehículos y maquinaria pesada y que registró pérdidas por USD 1,9 millones en el 2009. Así también Seguros Rocafuerte que perdió USD 0,7 millones el año pasado.

Además, tres barcos pesqueros valorados en USD 13 millones no registran ingresos por alquiler.

Otras firmas mejoraron sus ingresos porque recibieron contratos estatales, recursos y la publicidad oficial como los canales TC Televisión, Gama TV y las radios.

En dos años las empresas agrupadas registraron varios administradores liderados por Carlos Bravo y Katia Torres, ex gerentes de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), y Pedro Delgado, presidente del Fideicomiso No Más Impunidad. Pero durante seis meses la Comisión de Administración y Supervisión de las Empresas Incautadas (Casei) se encargó de monitorear los negocios, alistar las ventas y contratar una banca de inversión que ejecute.

Julio Molina, ex director de la Casei, sostuvo que su tarea fue agrupar las empresas, vigilar su operatividad y que se garantice los 5 000 puestos de trabajo que generaban. “Cada 15 días había reuniones con los gerentes de cada grupo de empresas. Se dejó listo el cronograma pero se ha alargado mucho el proceso”.

Según Molina, “la joya de la corona” siempre fue el ingenio azucarero Ecudos (ex La Troncal), ya que era la empresa más grande en ingresos, activos y trabajadores. “Es un negocio rentable con una estructura de producción bien organizada. Pero había muchas deudas que no tenían sustento y eso era un problema”.

Hace tres semanas el presidente del Fideicomiso No Más Impunidad, que administra las empresas, dijo que el retraso fue por todos los “malabares empresariales” que habían hecho los Isaías. “Se encontraron deudas sin sustento por más de USD 100 millones. Si no se resolvían esos problemas no se podían vender”.

Eso fue confirmado por la ex ministra de Finanzas y presidenta del Directorio de la AGD, María Elsa Viteri. “Se hicieron inventarios a todas las compañías y los fideicomisos que existían. Eso demoró el proceso”.

Mientras la administración estatal busca mejorar la rentabilidad de los negocios, los abogados de los Isaías cuestionan los resultados. El asesor financiero Luis Penna cree que la rentabilidad de las compañías se deteriora. “Nadie reporta los ingresos que se generan en inmobiliarias como alquileres. Es un secreto y perjudica a las empresas que ya no tienen representaciones de marcas”.

Penna hace cálculos de cuánto dejaron de recibir las empresas en manos estatales porque no se renovaron contratos, inversiones y nuevos negocios. “Son activos de USD 800 millones en todas las empresas, que mínimo generaban rentabilidad del 10%. Ahora no se consigue nada. Son cerca de USD 160 millones que se han dejado de ganar en este tiempo”.

Según Penna, los contratos estatales de maquinarias quieren salvar a EICA y la publicidad estatal mejoró los ingresos de los canales. “Es evidente que los ingresos actuales no existían en el pasado y han generado utilidades, pero no es producto de una competitividad sino por el aporte estatal”.

Un juicio  se mantiene en Estados Unidos entre los Isaías y el Estado 

La incautación de los bienes que realizó la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) generó un juicio en Florida (EE.UU.) y varias demandas penales en Ecuador.

Los abogados de los Isaías también mantienen procesos  judiciales para recuperar las empresas o el equivalente a su valoración, que bordea los USD 800 millones. El Estado, en cambio, señala que las compañías no valen más de los USD 587 millones.

Según una resolución de la AGD, emitida el 4 de julio del 2008, y que se sostiene en un informe de Deloitte & Touche, se determinó que Filanbanco registró una pérdida de USD 661 millones, las cuales debían ser cubiertas por los ex accionistas.

Xavier Castro, abogado de los Isaías, insiste en que las incautaciones son ilegales porque no hay cifras definitivas ni actualizadas de las pérdidas patrimoniales. “El banco pasó a manos del Estado el 2 de diciembre de 1998 y cerró sus operaciones en el 2001. En ese tiempo no cobraron deudas y lo dejaron quebrar”.

Según Castro, los Isaías pedían una actualización de las cifras, pues lo que ellos debían no superaba los USD 200 millones.

Pero el litigio se amplió a EE.UU. El ex gerente de la AGD Carlos Bravo demandó a los Isaías en Florida  para poder cobrar los USD 661 millones. Con las incautaciones solo se podía recuperar unos 400 millones.  Esa situación fue aprovechada por Castro, quien  presentó una contrademanda por la  incautación.

Y hace dos semanas los Isaías también demandaron a Pedro Delgado, presidente del Fideicomiso No Más Impunidad, que administra las empresas incautadas. La medida fue por incautar objetos personales de Nahín Isaías que no estaban sujetos en el proceso y no han sido devueltos.

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