Ecuador defendió la caducidad del contrato de Oxy

El Procurador del Estado ecuatoriano presentó hoy en Washington, EE.UU., las razones que llevaron al país a caducar el contrato de la petrolera Occidental (Oxy)  en el 2006, decisión que derivó en una demanda de la compañía ante un Tribunal Arbitral (Ciadi), adscrito al Banco Mundial.

La audiencia de hoy es la última antes de que el tribunal Arbitral emita un fallo final sobre este caso, el cual ya lleva cinco años de litigio.

La defensa de Ecuador estuvo encabezada por el procurador del Estado, Diego García, además de abogados de la Procuraduría y asesores externos.

Según información de la Procuraduría, durante la presentación de alegatos, García destacó la enorme importancia que este caso tiene para Ecuador, para Latinoamérica e, incluso, para el “justo desarrollo del derecho internacional de las inversiones en general”.

Añadió que una empresa multinacional–inversionista que ha incumplido el contrato y las leyes “no tiene derecho alguno a que se le compense por supuestos daños que su propia actuación ha causado”. Según el Procurador, se ha demostrado que Occidental transfirió derechos y formó un consorcio sin la autorización previa del Ministerio del ramo, que ocultó esas violaciones y que la única sanción prevista en la Ley ecuatoriana y en el Contrato de Participación por dichas violaciones era la caducidad. “Occidental, al violar la Ley ecuatoriana y el Contrato de Participación, fue, por lo menos, poco profesional y negligente y no puede ni debe ser recompensada por su conducta”.

García destacó que la presencia de Ecuador ante el tribunal  “no puede ni debe ser interpretada de ninguna manera como admisión de responsabilidad alguna”. Además, tampoco debe ser tomada como admisión de los presupuestos que han sido adoptados por el Tribunal para invitar a los expertos financieros a calcular conjuntamente el valor base del Bloque 15”. El Procurador dijo que Ecuador ha objetado el informe conjunto de los expertos financieros y los parámetros de cálculo instruidos por el Tribunal.

Según esos cálculos, la valoración del Bloque 15, operado por Occidental hasta el 2006, asciende a unos USD 2 362 millones, monto que es objetado por al Procuraduría.

“Para el caso (quod non) de que el Tribunal concluya que la República es, de alguna manera, responsable, el monto de cualquier indemnización debe ser reducido substancialmente en virtud de la aplicación de tres argumentos presentados por el Ecuador en este caso: primero, Occidental solamente tendría derecho a 60% del valor del Bloque 15 en razón de la transferencia del 40% que hiciera a favor de Encana; segundo, cualquier monto debe ser reducido por cuenta de un elemento que cualquier comprador potencial del Bloque 15 habría tenido en cuenta, esto es, el impacto de la Ley 42; y, tercero, el Tribunal debe aplicar el principio de la culpa compartida (“contributory negligence”) para reducir cualquier indemnización; y Ecuador debe reiterar que Occidental no tiene derecho alguno a que se le indemnice por supuestos perjuicios indirectos”, dijo García.

Recuadro

La audiencia comenzó a las 09:30 de hoy en las instalaciones del Banco Mundial, con la presencia del presidente del Tribunal Arbitral, L. Yves Fortier. La audiencia se centró en revisar el modelo económico elaborado por los peritos y, en esa línea, Fortier y los otros dos miembros (David A.R. Williams y la profesora Brigitte Stern) formularon preguntas a los expertos economistas en relación a sus informes conjuntos.

Luego, el Procurador General del Estado ecuatoriano expuso y reiteró la posición de la República. El Ecuador, a través de su equipo de defensa, presentó alegatos adicionales para reducir el valor de mercado del Bloque 15. Occidental, a su turno, también presentó sus alegatos sobre el mismo tema.

Al final de la audiencia, el Presidente del Tribunal anunció que sus miembros seguirán deliberando intensamente, y que el laudo será dictado en un plazo razonable, sin perjuicio de requerir asistencia adicional de las partes y los expertos.

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