Ecuador rechazó enérgicamente el “creciente acoso” de Chevron y condenó que la petrolera ejerza “una presión fuera de los tribunales” por una disputa judicial que mantiene con pobladores ecuatorianos, que acusaron a la compañía de delitos ambientales.
En un comunicado de la embajada ecuatoriana en Washington, difundido hoy en Quito por portales gubernamentales, el gobierno se queja de que Chevron ejerza cabildeos y realice una millonaria campaña mediática a fin de “exigir la suspensión de beneficios comerciales” que tiene Ecuador en Estados Unidos.
Dice el documento, que la petrolera estadounidense, ha presionado para que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) suspenda los beneficios para Ecuador de la Ley de Preferencias Andinas (ATPDEA) por la cual se benefician también otros países de la región, por su lucha antidrogas. Con esa actitud, Chevron está “tratando de mantener como rehenes a miles de puestos de trabajo” tanto en Ecuador como en Estados Unidos, de los que viven miles de familias trabajadoras, incluyendo aquellas ubicadas en “zonas vulnerables al narcotráfico”, señala.
En la parte judicial, Ecuador rechaza también la petición de Chevron a fin de que el gobierno ecuatoriano intervenga en el proceso judicial, porque eso sería inconstitucional y violaría el principio fundamental de la “independencia de los poderes del Estado”.
El comunicado aclara que en el proceso judicial el gobierno no es parte y por lo tanto Chevron lo que hace es buscar “mecanismos para eludir sus responsabilidades, afectando las relaciones bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos”. Ecuador no va a ceder a estas presiones y las diferencias con Chevron deben resolverse en los procesos judiciales “y no en otras arenas”, apunta la información.
A inicios de año, un tribunal provincial ecuatoriano condenó a la petrolera Chevron al pago de 18 000 millones de dólares por delitos ambientales y en contra de los derechos humanos, cerrando un proceso iniciado en el año 1993 por pobladores de la Amazonía ecuatoriana. Ellos reclamaron indemnizaciones por destrozos ambientales y afectaciones a la salud de las colectividades nativas, a la empresa Texaco, que en el transcurso del proceso fue adquirida por Chevron.
La petrolera no apeló ante los jueces ecuatorianos y optó por llevar el caso a instancias internacionales y una de ellas, la Corte Suprema de Estados Unidos negó recientemente la petición de Chevron de bloquear la ejecución de la sentencia del tribunal ecuatoriano en su contra en el país norteamericano.