19 de February de 2012 00:01

El drama de los desempleados públicos

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Álex Bermello, de 39 años, busca empleo desde hace cuatro meses. Hasta el 28 de octubre del año pasado trabajaba como servidor público número tres  en el Ministerio de Relaciones Laborales.

Ese día, el Gobierno le ‘compró’ la renuncia obligatoriamente, siguiendo una polémica política laboral, que los cuatro últimos días de ese mes arrojó al desempleo a  2 700 servidores públicos. Y en lo que va de este año  fueron separados 2 930 trabajadores más. Para este año está presupuestada una partida de USD 154 millones para cubrir las indemnizaciones por compra de renuncias obligatorias en el Estado. 

“Recuerdo que estaba atendiendo a una ciudadana. Llegó la Policía y en medio trámite nos llevaron a la unidad de talento humano. Allí simplemente nos indicaron que estábamos fuera”. 

Él aún no comprende por qué fue separado, si salió adelante a pulso, empezando su carrera desde abajo. Ingresó como auxiliar en servicios (conserje) y se capacitó hasta llegar al área administrativa. En las evaluaciones de los dos últimos años obtuvo calificaciones de más de 90 puntos.

No obstante, hoy carga la cruz de haber salido del sector público por un supuesto mal desempeño. Eso le ha cerrado las puertas de empresas privadas, que ha golpeado en varias ocasiones.

“Me entrevistan y todo sale bien hasta que me preguntan si salí durante la compra de renuncias. Entonces, dudan sobre mi idoneidad, diciendo que la  gente salió por ineficiente y corrupta… Simplemente no me contratan”.

Bermello se cubre el rostro con las manos. Está en una oficina de abogados en un edificio en el centro de Quito. Se ve desesperado.

Aunque no ha calculado cuánta plata gasta mensualmente en su manutención,  está a punto de terminarse sus ahorros. Su mayor preocupación es no poder mantener  a su hija de 15 años. Hasta octubre también atendía a su madre enferma de diabetes  y a un hermano con el 60% de discapacidad, causada por una paraplejía. Pero la situación se volvió insostenible: debió enviarlos a vivir con unos familiares en Manabí.

Silencio oficial

El pasado 7 de noviembre entregó en la Vicepresidencia una carta pidiendo que se revea su situación, indicando que fue evaluado con altas calificaciones y que enfrenta una situación social grave. Dos días más tarde el secretario  jurídico de la segunda magistratura, Gustavo Páez, envió al Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) el oficio VPR–2011–04407–O, en el  que pide que se analice el caso de Bermello y el de otras dos personas con familiares con discapacidad dependientes, que también salieron por compra de renuncias.

Este Diario solicitó a la Vicepresidencia y al Conadis los pedidos, pero no obtuvo respuesta. No obstante, accedió al oficio enviado el 23 de noviembre por el procurador jurídico  del Conadis, Giovanny Rivadeneira, solicitando  que se revea el caso del ex funcionario al Ministerio de Relaciones Laborales. “El Estado ecuatoriano –señala el oficio- es constitucional de derechos, por ello deberá analizarse este u otros casos y de su análisis se desprenda la necesidad de dejar sin efecto las  acciones de personal que resuelven las compras de renuncias con indemnización de las personas con discapacidad y las de aquellas a las que se ha dirigido también para sus padres”. Hasta la fecha la Cartera de Estado no responde.

Médicos y pacientes

Otro caso delicado es el del médico Nelson Vásconez. “El despido, con la compra de renuncias, me cambió mi estilo de vida”, dice el ex coordinador de epidemiología del Ministerio de Salud.

Estuvo 28 años en el sector público, a donde llegó  por un concurso. Dice que nunca recibió amonestaciones y que publicó varias obras   como el Manual de Bioseguridad y  el Manual de Infecciones Hospitalarias. Además, fue presidente de la Asociación de Médicos de Salud Pública.

Pero tenía un estigma, que parece pesar mucho más en este Gobierno: su participación sindical.

“No hay otras razones. En mis evaluaciones saqué notas superiores a 90. Primero se dijo que la gente salía por corrupta, yo no lo soy. Luego que se había separado a quienes ganaban demasiado. ¿Cree que ganar USD 1 590 por ocho horas es un valor alto?”.

El Ministerio de Salud no informó por qué razones fue separado el médico; él tampoco quiere volver,  pero sí espera que se limpie su nombre. “Siento insatisfacción por la forma como salí. Ahora me dedico a la consulta privada. Cobro USD 20 por cada una; atiendo dos pacientes diarios. A veces tengo ingresos de contratos ocasionales”. Con sus limitados ingresos  ayuda  a la manutención de su familia. Su esposa también trabaja, al igual que uno de sus  tres hijos, que son estudiantes.  
“Trato de no caer en una inestabilidad emocional. Aspiro seguir adelante con la ayuda de Dios”.

A María Barba, ex directora del área de Onco Hematología del Hospital Baca Ortiz, la salida de su cargo también la devastó. “Estoy profundamente deprimida”, comenta, mientras recuerda con la voz quebrantada que trabajó en el hospital por más de 20 años. Rompe en llanto y teme por la situación de sus pacientes.

Las madres de algunos de los niños siguen llamándole a pedirle su ayuda sobre el manejo de las terapias. Una de ellas es Karina Idrovo, madre de Mathías Jaramillo, de 3 años, que sufre leucemia linfoblástica aguda.

“La zozobra es grande porque los médicos que están ahora no tienen suficientes conocimientos. A mi hijo, por ejemplo, un día no le pusieron los recubrimientos renales para la quimioterapia. ¿Quién me va a pagar los riñones de mi hijo si se dañan?”.

El niño ha sufrido  problemas emocionales, dice su madre.    Por eso, ella junto con otros padres de familia pidieron a la Presidencia y la Vicepresidencia que se revea el caso.  Acción a la  que se sumó la  Asociación Ecuatoriana de Padres de Niños con Cáncer.

“No ha existido respuesta. La doctora nunca escatimó tiempo para tratar a los niños y tampoco tuvo un consultorio privado. Ella trabajaba las ocho horas antes de que rija la norma. Mi hijo se encuentra estable porque ella nos entregó un protocolo para su cuidado. Los padres de los niños que recién entraron no sé si conozcan de esto. Estos no son niños de una simple gripe”, señaló la madre de uno de los pacientes.  Al escuchar estos testimonios, la ex funcionaria se quiebra. Dice que la tristeza es demasiado grande, por lo que ha tenido que tomar pastillas que la tranquilicen. Por su estado, pese a tener propuestas para ir al sector privado, no lo ha hecho.

“Por suerte tengo el apoyo económico y moral de mi esposo. Quiero decirle al Presidente que soy inocente. Si tiene algo que cuestionarme que me enjuicie, que me lleve a la cárcel, pero que no me saque de esta manera. Nadie se merece eso. Todos necesitamos saber cuál es la razón por la que salimos, cómo nos podemos defender”, expresa entre sollozos  que  ahogan  sus palabras.

Testimonios
María.  Ex servidora  pública
Los problemas sociales no se tomaron en cuenta
Laboré en el Ministerio de Obras Públicas por 25 de mis  50 años. Antes de que se produzcan los despidos  ya había rumores. No me considero corrupta e ineficiente. Incluso, para aportar en el sector público obtuve mi título de doctora en auditoría. Al sacar a la gente ellos no pensaron en las circunstancias sociales que vivían.  En mi caso, por ejemplo, no tomaron en cuenta que tengo cáncer al  colon.

Carlos Almeida. Ex servidor público
Su  pecado fue ocupar un cargo de tipo sindical
Trabajé en el sector público desde 1983. Inicié en  una dependencias que anteriormente era del Ministerio de Agricultura y que luego pasó al Ministerio de Ambiente. Fui presidente de la Asociación de Empleados de la entidad. Tal vez esto influyó en mi salida el pasado 20 de enero, así como algunas denuncias de casos de corrupción. Si fui corrupto no debieron pagarme.

Mariana Manosalvas. Ex empleada
Ella depende ahora de dos de sus  hermanos
Tengo 58 años y trabajé como asesora 20 años en el Ministerio de Relaciones Laborales. Antes de la salida había ya un ambiente tenso. Me afecté psicológicamente luego de la salida. La situación es complicada porque aportaba a mi hogar, integrado por mi hijo, dos hermanos y yo. Tenía un sueldo de cerca  de USD
1  000 y ahora, como no encuentro trabajo, dependo de mis familiares, que  ganan el básico.

MAÑANA
El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa,  habla de las medidas   para reemplazar a los despedidos.

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