10 de June de 2010 00:00

Un director del Pacific recibió contrato

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A pocas semanas de la llegada de Carl Wolf a la Presidencia del Pacific National Bank (PNB) se nombró a los nuevos miembros de la Junta Directiva, con el consentimiento de la administración española, en marzo del 2007.

El gobierno de Rafael Correa acababa de llegar al poder y una de sus primeras decisiones fue deshacerse de los banqueros españoles Félix Herrero y Roberto González, que lideraban el grupo Banco del Pacífico desde el 2001 con resultados positivos. En el 2001 el Banco había registrado pérdidas por USD 159 millones; pero en el 2007 logró una ganancia de 59,5 millones.“Las presiones para sacar a los españoles empezaron en abril del 2007”, según el entonces superintendente de Bancos, Alfredo Vergara. “Me opuse al pedido porque su gestión fue eficiente. La justificación era que ganaban USD 30 000, pero estaba dentro del promedio internacional”.

Vergara salió de la Superintendencia el 30 de noviembre del 2007 y los españoles, tres meses más tarde. Entonces tomó el timón del grupo el jefe de Tesorería del Pacífico, Andrés Baquerizo.

Bajo su administración, un miembro del Directorio recibió contratos, la hermana de otro es parte del bufete que defiende al banco. Mientras los honorarios de toda la junta se dispararon.

A partir de julio del 2009 se adjudicó a la firma ICG, ubicada junto al aeropuerto internacional de Miami, contratos de servicios informáticos. Esta empresa es dirigida por Eduardo Gross, quien a su vez es miembro de la Junta Directiva y jefe del Comité de Tecnología Informática de esta subsidiaria del Banco del Pacífico.

En la web de la firma (www.icgi.com) Gross aparece como presidente, a cargo de sus operaciones diarias, y es el director de ventas y mercadeo. Su padre, Alberto J. Gross, es el fundador.

El 4 de marzo pasado, EL COMERCIO consultó a Andrés Baquerizo, presidente del Grupo Banco del Pacífico, sobre varias facturaciones canceladas a ICG. En el caso de Eduardo Gross -comentó- se trata de alguien que es experto en tecnología. En este caso se pidieron tres cotizaciones. “Entre ellas, quién mejor que alguien del Directorio para dar este servicio”, señaló Baquerizo.

“Su propuesta fue la más baja ('). Si bien coincidimos en que no es conveniente que administradores o directores provean de servicios a cualquier entidad, este fue un caso de emergencia' Tenemos un Código de ética para no dar contratos, pero esta fue una excepción, este caso lo conoce la Oficina del Contralor de la Moneda de EE.UU. (OCC), no es algo que se hizo debajo de la mesa”.

Desde el 7 de julio del 2009 hasta el 14 de abril de este año, ICG ha facturado USD 303 016 por prestaciones en el área informática. Eso se desprende de 18 comprobantes de pago del PNB, a los que este Diario tuvo acceso.

En mayo pasado, este Diario visitó las oficinas de ICG en Miami y pidió una entrevista con Gross, pero la recepcionista dijo que estaba ocupado y no atendería a nadie.

Por otra parte, en el bufete de abogados Broad & Cassel, que defiende al banco, trabaja Patricia Baloyra, hermana de José Baloyra, también miembro de la Junta Directiva. Este bufete fue contratado inicialmente por Carl Wolf, ex presidente de la Junta, para que redactara su contrato laboral.

Wolf reconoció haberlo hecho por recomendación de José Baloyra, pero aseguró que no conocía del parentesco con una de las abogadas de la firma. El Pacific pagó USD 49 396 a Broad & Cassel por auspiciar su defensa en este caso, entre 2008 y 2009.

USD 879 000 en honorarios

A partir del 2008, año marcado por la crisis financiera en EE.UU., los gastos operativos del Pacific National Bank en lugar de reducirse se han elevado.

Uno de los rubros que más creció es el de los honorarios de los miembros de la Junta Directiva, que hasta marzo pasado llegaron a USD 879 000. Mientras en el 2007 -según los balances de la OCC- no se registró ningún pago por honorarios, en diciembre del 2008 llegó a USD 346 000.

Un año después se elevó a USD 414 000 y hasta marzo pasado sumó USD 119 000.

Este crecimiento también se repite en otros rubros, como gastos legales, de contabilidad y auditoría, consultoría y asesoramiento y de telecomunicaciones (ver cuadro). Baquerizo se negó a tratar estos temas con este Diario, al igual que Diego Borja, titular del Banco Central del Ecuador. Ambos funcionarios fueron consultados el 11 de mayo pasado.

La evaluación, en reserva

A fines del 2009, la firma Álvarez & Marsal fue contratada para hacer la evaluación de cada uno de los empleados y directivos del Pacific National Bank.

Esa contratación fue parte de las recomendaciones que realizó la Oficina del Contralor de la Moneda, en la orden de consentimiento de septiembre del 2009.

Sin embargo, los resultados de esta evaluación se mantienen en completa reserva.

Según Baquerizo, esta firma recomendó hacer reestructuraciones en su organigrama. “Quizás en ciertos puestos claves por personas con cierto perfil. Lo que dicen es que el Directorio esté conformado por más personas”, explicó el 4 de marzo pasado.

Esto fue acogido y por ello se contrató a Peter Phillips y a Clemencia de Tobón, esta última se desempeñaba como presidenta del Eastern National Bank, un banco que también entró en crisis.

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