La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea continuó analizando ayer el proyecto de ley económico urgente de los deudores de buena fe de la banca cerrada, tras la crisis financiera de 1999.
Roberto Parra, presidente del Grupo de Deudores de Buena fe, solicitó al presidente del organismo legislativo, Juan Carlos Cassinelli, que en la normativa se establezca la cancelación total del saldo capital adeudado mediante aplicación directa y con una tasa del 0% de interés, de la suma total de recursos que este grupo de personas, mediante pago, remates o entregas de prendas, ha realizado por más de 15 años.
En caso de que exista algún saldo, la propuesta es que se establezca una reprogramación de las deudas, a un plazo de 10 años, con tres de gracia; la cancelación de la deuda a quienes entreguen la prenda y sean personas mayores de 70 años (tercera edad) y con enfermedades catastróficas.
Asimismo, propuso la activación de líneas de crédito para reinsertar a los deudores de buena fe al sistema productivo, disponiendo al Banco del Pacífico y al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecer líneas de crédito para poder reactivar sus vidas; ampliar el ámbito de aplicación de esta ley a los deudores de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y del Banco del Pacífico.
Finalmente dijo que la propuesta del Ejecutivo debe ser entendida como una ley cuyo objetivo fundamental es la recuperación del ser humano y no del capital, tras señalar que en los gobiernos de Sixto Durán Ballén y Jamil Mahuad se protegió los intereses y patrimonio de los banqueros, a quienes se les dio una moratoria para no pagar pasivos.