La falta de trabajo por la crisis en España ha llevado a que ciudadanos y migrantes no puedan pagar las hipotecas de sus viviendas y a quedarse sin casa, recuperada por los bancos, con los que contraen además una enorme deuda para toda la vida.
Las ejecuciones hipotecarias, sentencias judiciales mediante las cuales el banco se queda con la vivienda si su dueño no paga el préstamo, alcanzaron 300 000 en el periodo de los dos últimos años.
Antes de la crisis, la economía española creció más que la media europea ayudada por el hiperdesarrollo inmobiliario. Las compras de viviendas y los préstamos se dispararon, aun a sabiendas que estos no se podrían pagar a futuro.
Las personas que se encuentran en esta situación no tienen dónde vivir y tienen que alojarse en casas de familiares, caravanas o cuartos alquilados.
Ellos no solo deben enfrentar el hecho de no tener dónde vivir, sino que tienen la presión del pago de un préstamo que no prescribe nunca. A esta se le debe sumar los altos costos judiciales por los procesos que abren contra los deudores.
Mientras esto sucede, grupos sociales piden al Gobierno que promueva de forma urgente una reforma legal, con el objetivo de que los préstamos se liquiden una vez que se haga el embargo de los inmuebles.