Una nueva ola de compra de renuncias obligatorias a empleados públicos se desató ayer. Esta vez, los involucrados fueron trabajadores de las gobernaciones e intendencias de cuatro provincias.
La medida respondió a un proceso de reestructuración del Estado, que el Gobierno puso en marcha desde el 2011. Para ello, emitió el Decreto Ejecutivo 813, que establece la compra de renuncias con indemnización.
Bajo esta fórmula, 14 trabajadores de la Intendencia de Policía del Azuay dejaron sus cargos. Ello provocó que ayer se cerraran las puertas de dicho ente. También fueron despedidos 11 funcionarios de las tenencias políticas de los cantones de esa provincia.
Según el gobernador del Azuay, Humberto Cordero, la salida de estas personas no tiene nada que ver con las denuncias registradas en las comisarías de Guayaquil. Pero el funcionario aclaró que, a partir del lunes, la Intendencia del Azuay no juzgará contravenciones, solo hará prevención.
Otros gobernadores de provincias en las que hubo despidos, como Tungurahua, evitaron hablar del tema. En esa provincia, el Gobierno compró la renuncia obligatoria de 16 personas que laboraban como secretarios de tenencias políticas, así como funcionarios de la Intendencia de Policía y de comisarías como de la Mujer.
Róbinson Loaiza, jefe político de Ambato, explicó que se tomó la decisión de separar de sus cargos al personal con base en un análisis de desempeño profesional.
Los despidos también llegaron a la Gobernación del Guayas. El Ministerio del Interior dispuso la salida de funcionarios de las distintas dependencias de ese ente. Una ex funcionaria, que pidió no ser citada, afirmó que hay más de 100 personas despedidas en toda la provincia. Ella trabajaba por contrato, así que el Estado no tuvo que comprar su renuncia.
Este Diario intentó hablar con la nueva gobernadora del Guayas, Viviana Bonilla, pero no fue posible pues estaba en el Gabinete, en Sucumbíos. La relacionadora pública de la entidad, Doménica Báez, señaló que ese momento no contaban con información.
Por último, en Santo Domingo salieron 14 personas.
Los antecedentes
A fines de octubre del 2011 , 2 700 empleados públicos fueron separados de sus cargos. Ellos pertenecían a ministerios como Salud, Relaciones Laborales, Vivienda, Obra Pública, etc.
La segunda compra de renuncias se produjo entre enero y febrero. 2 930 personas salieron de sus cargos.