29 de May de 2011 00:06

‘Tras el despido no hubo oportunidades’

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Cristóbal Granda Yagual, de 51 años, tiene una discapacidad auditiva del 30%, según consta en el carné No. 0919060 del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis).

Él atribuye su daño a los 18 años de trabajo que dedicó como conductor de maquinarias de perforación de caliza, para la elaboración de cemento.

Granda dice que inicialmente estuvo enrolado en la empresa Mamut Andino, con participación accionaria de la cementera Holcim. Pero posteriormente, en los años noventa, él y sus compañeros pasaron a tercerizadoras.

El 20 de abril de 2009, Granda y un grupo de compañeros paralizaron su trabajo. Querían saber por qué sus vecinos, trabajadores de Holcim, sí recibían utilidades y ellos no. Para entonces la tercerización ya había sido abolida y se deslindaron de esa responsabilidad patronal, pero sin supuesta restitución a Mamut.

Al poco tiempo, fueron despedidos paulatinamente hasta llegar a 170 empleados liquidados. Granda asegura que recibió USD 650 como pago por el finiquito de sus servicios.

Inmediatamente, el grupo interpuso una demanda contra la compañía, para el pago de utilidades entre los años 1999-2008 por un monto de USD 4,9 millones. Los últimos dos años fueron difíciles para Granda. Encontró una plaza como instructor de conducción. Pero allí duró un año, debido a que su problema auditivo afectaba su trato con los estudiantes. Después, no hubo más oportunidades.

Para atenuar la crisis familiar, su esposa, médico veterinaria que trabajaba bajo dependencia, renunció para instalar su propio consultorio en casa, en Jardines del Salado, al oeste de Guayaquil. Allí, Granda está encargado de asear y cortar el pelo a las mascotas. “Encontré un gran apoyo en mi familia. De un momento a otro dejar de ser el que vele por ello me destruía”, relata.

Andrés Romo Leroux, gerente general de Mamut Andino, rechaza la demanda interpuesta por dicho grupo, de la cual, dice, no existe una imputación en su contra por parte de las autoridades de Trabajo.

Asegura que la compañía cumplió oportunamente con el pago de utilidades a favor de los ex trabajadores intermediados que sirvieron a sus empresas cuando tales contrataciones estaban respaldadas por la ley.

Según Romo Leroux, se ha pretendido, sin éxito, equiparar la situación de los ex trabajadores intermediados que sirvieron a sus empresas, con la de otras, cuando cada situación es diferente y tiene que juzgarse por separado, atendiendo sus propias particularidades. “Se intenta engañar a la Justicia, pidiendo la aplicación de una misma medida a situaciones evidentemente diferentes; eso no es igualdad”, puntualiza.

El caso lo analiza la Primera Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

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