3 de December de 2011 01:00

Un despido masivo ayer en Guapán

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La noticia tomó por sorpresa a 142 empleados y trabajadores de la industria cementera Guapán, ubicada a 15 minutos de Azogues, la capital cañarense. Ayer, ellos fueron notificados con el despido intempestivo.

Por ello, los afectados se tomaron la planta y en las afueras sus familias también protestaron. En la empresa ningún directivo les explicó la razón. Solo exhibieron en la puerta de entrada un documento que decía: “Nómina del personal de Industrias Guapán, que por disposición de la administración, a partir de hoy 2 de diciembre, dejan de ser trabajadores de la compañía”.

También les comunicaron que deben retirar la liquidación de sus haberes en la Inspectoría del Trabajo hasta el próximo viernes. Y que los valores corresponden a montos establecidos en el Mandato Constituyente 4.

En la lista constaba el nombre de los 142 empleados despedidos. La empresa tenía 250 trabajadores. El documento estaba firmado por Diego Jaramillo, operador especial de la compañía. La planta amaneció resguardada por unos 50 militares y policías. También, resguardaron las inmediaciones.

Inicialmente, la presencia policial y militar generó nerviosismo entre los vecinos de la parroquia Guapán que no entendían qué ocurría.

A las 07:30, unos 100 empleados ingresaron a la fábrica y quemaron llantas. Pero la cementera mantenía el procesamiento de las 1 100 toneladas diarias.

Por las protestas de los obreros, de los empleados despedidos y de sus familiares se interrumpió el despacho de cemento para evitar confrontaciones.

Afuera de la industria, una columna de camiones y plataformas esperaban por cargar el producto mientras decenas de esposas, hermanos e hijos apoyaban la protesta por los despidos intempestivos.

Graciela Peñafiel, de 45 años, contó que su esposo, John Abad, laboraba en Guapán desde hace 23 años como chofer de volquetas. A ella le preocupa su situación económica porque tienen tres hijos estudiando y se quedará sin la única fuente de trabajo que sustentaba a su familia.

A un costado y apoyada en el muro que exhibía la notificación, Margarita Peralta lloraba por la suerte de su esposo, Galo Espinoza, quien también fue despedido. Él tenía 20 años de trabajo en esta industria. Tiene cuatro hijos.

A las 11:15, bajo un sofocante sol, Peralta se desmayó. Una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Azogues la trasladó hasta el hospital Homero Castanier, en medio de las críticas de los presentes contra el Gobierno y administradores de la cementera.

Marcelo Rojas, jefe del personal de la empresa, fue el único ejecutivo que se pronunció ayer. Admitió que fue un día difícil y que recibió desde Quito el listado de las personas despedidas. “Se está actuando en derecho y que al tratarse de un despido intempestivo se va a liquidar de acuerdo con lo que establece el Mandato número 4”.

Cada empleado recibirá unos USD 1 800 por año laborado y el mayor monto que se entregará bordea los USD 75 000. Según Rojas, una consultora realizó un diagnóstico de la empresa, que es de propiedad del IESS y del Banco de Fomento. A partir de eso se fijaron las indemnizaciones.

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