10 de November de 2011 00:02

Denuncias por despidos en Banco Central

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Desde inicios de octubre, cuando los primeros 30 funcionarios del Banco Central fueron notificados con su separación laboral, una serie de denuncias han salido a la luz pública, sobre ciertas anomalías en dicho proceso.

En una carta remitida el 5 de octubre por una ex funcionaria de un importante departamento, a la gerenta general, encargada en ese entonces, Verónica Legarda, se detalla en tres hojas su caso. Dicho documento, firmado y con número de cédula, también fue remitido con copia al presidente del Directorio, Diego Borja, al contralor general del Estado, Carlos Pólit y a varios jefes departamentales del Central.

“El viernes 30 de septiembre, usted me manifestó verbalmente la razón por la cual, en forma intempestiva, se procedió a considerar mi nombre dentro de una lista de personal que se los removía de sus cargos. Ese día, Ud. me dijo que era ‘por no alinearme’”.

La ex funcionaria, que trabajó 32 años y que estaba al frente de un departamento clave dentro del Central, lo único que quería era dejar su cargo con un inventario, a fin de no tener complicaciones futuras, en caso de que se realicen exámenes especiales y puedan registrarse faltantes. Por ello, remitió la carta a Legarda.

Otro caso que denuncian los ex funcionarios es de uno de los principales directores de un departamento. Las autoridades, al informarle de su separación, dicen, le señalaron que estaba sobre calificado, que su sueldo era alto y que no estaba “alineado”.

En este escenario, los dardos de los ex funcionarios apuntan hacia la jefa de Recursos Humanos de la entidad, Gabriela García Guananga, a quien acusan de nepotismo y de colocar a varios parientes suyos dentro de la entidad.

“Desde enero del 2011 han ingresado al Central 149 personas. En total, la institución tiene al momento 965 empleados. Se han llevado a cabo unos 15 concursos de merecimiento. Es decir, no se ha cumplido lo que dispone la Ley de Servicio Público que señala que todos quienes ingresen al sector público deben hacerlo una vez que hayan superado los concursos correspondientes. Por ello, ha ingresado personal sin ninguna preparación académica, que actúa, por ejemplo, como asesores de la Gerencia General o de la Presidencia del Directorio”.

Este Diario pidió ayer la versión de Borja al respecto, pero no hubo respuesta. Mientras que de García Guananga se conoció, extraoficialmente, que renunció ayer.

La meta de las autoridades del Central era realizar un recorte de 132 personas, prevista para finales de noviembre de este año.

Según el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, solo en el último mes se destinaron USD 90 millones para cumplir con los procesos de desvinculación de los funcionarios en las distintas entidades.

Durante este año se llegará a USD 140 millones, mientras que para el próximo año, dentro de la Pro forma que se encuentra en la Asamblea, se tienen previstos USD 154,8 millones para este objetivo. Rivera explicó que alrededor de 4 000 funcionarios, principalmente del sector de la educación, “han expresado su deseo de irse voluntariamente”.

Durante octubre, el Régimen hizo intensivo su plan de recortar el aparato estatal y aplicó al pie de la letra el Decreto Ejecutivo 813, que permite realizar la compra de renuncias a funcionarios que no cumplan con los estándares técnicos del sector público.

Sin embargo, el proceso de pruebas realizado a los funcionarios públicos a lo largo de todo el año han sido cuestionados.

Por esa razón, el presidente de la Confederación de Servidores Públicos (Conasep), Remigio Hurtado, se reunió con el viceministro coordinador de la Política, Edmundo Villavicencio, el asesor de Doris Soliz, Marcelo Ortega, y el coordinador de Actores Sociales, Édgar Ávalos, para tratar el delicado tema. Hurtado señaló que la próxima semana se establecerá una mesa de diálogo y una veeduría con la participación de la Conasep y el Ministerio Coordinador de la Política. Allí se revisarán los casos en que los funcionarios fueron despedidos “sin justificativos técnicos” y sean reintegrados.

Mientras tanto, los asambleístas continúan con su decisión de llamar a juicio político al ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa. La decisión se tomará en las próximas horas.

Durante su posible comparecencia, Espinosa deberá explicar a los legisladores las razones por las cuales se han separado a más de 2 700 servidores públicos.

Actualmente existen tres demandas de inconstitucionalidad en la Corte. Sin embargo, las organizaciones de trabajadores no tienen una postura común para realizar los reclamos. Mientras que las autoridades minimizan los reclamos de los ex servidores.

La cronología

Febrero 2004. Se realizó un recorte de personal. 300 funcionarios fueron separados, pero 200 de ellos interpusieron juicios contra el Banco Central.  

Enero 2007. El flamante presidente Rafael Correa anuncia un recorte drástico de personal. El argumento es que en dolarización, esta entidad perdió piso.

Abril 2010. Diego Borja asume como presidente del Directorio y ofrece estabilidad a los funcionarios de la institución, que suman aproximadamente 750.

Octubre 2011. El Gobierno inicia su proceso de separar funcionarios no capacitados, según su argumento. En el Banco Central se separa a 30 funcionarios.

Noviembre 2011. Una lista de alrededor de 130 personas está a la espera de ser notificada con la separación de la entidad.  

Comisión de Derechos busca salida de  Espinosa

La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea aprobó ayer una resolución para iniciar el juicio político contra el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa.
 
Con seis asambleístas presentes de ocho convocados, la Comisión destacó en el documento que el proceso está motivado en la “actuación inconstitucional e ilegal” de implementar el Decreto Ejecutivo 813, que reglamentó la compra obligatoria de renuncias.
 
La resolución, además, demandó del  Gobierno el reintegro   de  los servidores públicos que fueron separados con esa figura.

También la Comisión exigió al presidente Correa la derogatoria del decreto 813 y demandó de la Corte Constitucional la celeridad en el tratamiento de la demandas  contra  esa reglamentación.

La resolución se dio en respuesta a  las ausencias de los ministros de Justicia, Salud y Relaciones Laborales ante la Comisión.

Ellos fueron convocados para que  presenten  los sumarios administrativos que motivaron los despidos de los funcionarios acusados por el Régimen de corrupción, indicó la asambleísta Lourdes Tibán. Pero, se excusaron de asistir al señalar que sus agendas estaban muy complicadas.

Para Tibán, la ausencia se debe a que no existen documentos que sustenten los despidos.
La Comisión de Derechos Colectivos los convocó para el próximo 16 de noviembre nuevamente para explicar el tema.

En este escenario, el asambleísta Galo Lara presentó una acción constitucional ante la Corte  de Justicia del Guayas en favor  de 3 000 servidores públicos despedidos para que  sean reintegrados.

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