13 de December de 2011 00:04

La Defensoría apeló decisión de la CNT

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Los problemas sobre una presunta sobrefacturación de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), que es la operadora estatal de telefonía fija, aún no se resuelven.

Los afectados por las facturas no cobradas, que viven en la parte sur del país (Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Cañar, Azuay y Loja), deben pagar, en unos casos, hasta USD 6 000.Unas 1 029 denuncias llegaron a la Defensoría del Pueblo, organismo que elevó una queja formal.

El caso reposa en la Primera Sala de la Niñez y Adolescencia del Azuay.

Ayer, durante 10 minutos la jueza Aída Palacios escuchó la versión de Alexandra Vallejo, abogada de la Defensoría del Pueblo (Azuay). Luego, Palacios dio por finalizada la audiencia y tendrá tres días para tramitar su resolución. El próximo jueves se conocerá una decisión.

Este caso está en esta sala desde el 25 de noviembre pasado. En esa fecha, la Jueza dispuso que la CNT devolviera las líneas telefónicas que fueron retiradas por falta de pago. Esto no se ha cumplido en su totalidad, afirmó Iván Granda, comisionado regional de la Defensoría.

Este problema surgió cuando la CNT comenzó a emitir facturas por un cobro no realizado en el período entre abril del 2009 y mayo del 2011. Esto provocó que los usuarios recibieran facturas que van entre USD 20 y 6 000.

La explicación de la CNT fue que hubo una falla en el sistema de facturación después de la fusión entre Pacifictel y Andinatel, en el 2008. Las dos empresas fueron remplazadas por la CNT, que no realizó la unificación de los sistemas de facturación de telefonía fija.

El 12 de septiembre pasado el superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, dispuso que la CNT suspendiera de inmediato los cobros de abonados afectados por la reliquidación de los consumos. Pero, según César Regalado, gerente de la CNT, la Superintendencia carece de toda competencia para emitir las disposiciones referidas al cobro de planillas.

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