15 de February de 2012 00:00

Defensa de Aspiazu busca que Sala Civil analice insolvencia

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El Juzgado Vigésimo Tercero Civil del Guayas declaró“insolvente” a Fernando Aspiazu Seminario, quien fue dueño del Banco del Progreso, que quebró con la crisis financiera de 1999. Sin embargo, el 6 de febrero pasado, su defensa interpuso un recurso de hecho para que la causa sea revisada en segunda instancia por una Sala Civil del Guayas.

La demanda fue interpuesta en junio del 2009 por la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público (Ugedep) contra el banquero. Mediante el proceso civil, el Estado busca conseguir el pago de USD 888,6 millones.

En el recurso de la defensa se sostiene que hubo “violaciones al debido proceso”. Además se opone a la demanda porque Aspiazu consta como aportante de las acciones Emelec Inc., y registrado en los EE.UU. como Director de esa empresa estadounidense. La compañía, que fue confiscada por el Gobierno de Gustavo Noboa en el año 2000, produce USD 20 millones al mes, según la defensa. En el recurso alega que “nadie ha rendido cuentas hasta la fecha de sus ingresos y destino de los mismos, lo cual ya generó más de USD 2 000 millones en manos estatales, monto con lo que se hubieran cancelado varias veces las obligaciones reliquidadas del Banco del Progreso en saneamiento”.

Francisco Ycaza, abogado de Aspiazu, sostiene que “no hay una base de cálculo” en el monto de pago. “En este juicio he pedido reiteradamente un cruce de cuentas. No tengo ninguna preocupación en hacer un cruce real; pero que me digan qué pasó con el activo del Banco y con el destino de los fondos de Emelec y ElectroEcuador, que fueron confiscados”, dijo.

Anteriormente, la defensa ingresó un recurso de apelación. Pero el 1 de febrero, el juez temporal, Jorge Cedeño, negó el pedido por escrito. “Con el ánimo de dar continuidad al proceso ordenado en providencias anteriores”, dice en el documento.

Mientras Julio Maya, delegado de la Ugedep, considera la declaratoria de insolvencia como “un castigo moral” que da la posibilidad de que el Estado logre recuperar lo adeudado, en vista de que se desconoce si Aspiazu dispone del dinero o si tiene bienes que equiparen dicho valor. El lunes pasado, ante los medios, agregó que la Fiscalía deberá calificar la insolvencia para los fines de ley.

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