7 de May de 2010 00:00

El Estado debe pagar USD 682 000 a Vatadur

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Redacción Negocios

El Tribunal Arbitral constituido bajo el reglamento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC) con sede en Miami, Estados Unidos, determinó el miércoles pasado que el Ecuador deberá pagar USD 682 198,51 a la empresa Varaderos y Talleres Durán (Vatadur) por un saldo que debía el Estado de tres lanchas ambulancias que compró a esa compañía en marzo del 2004.

Esta propuesta de ambulancias flotantes se denominó proyecto de Modernización de la Salud (Modersa) y comprendía que tres barcazas naveguen por los ríos de las provincias de Orellana, Napo y Morona Santiago a fin de brindar servicios de salud a las comunidades.

Vatadur inició el arbitraje contra el Ecuador en septiembre del 2006 argumentando que el Estado no le pagó un saldo de pendiente de las lanchas ambulancias cercano a USD 500 000.

Además de la deuda, Vatadur pidió en el arbitraje indemnizaciones por daño emergente, lucro cesante y daño moral que sumaban un monto total de USD 400 millones.

Sin embargo, el Tribunal determinó que solo debía pagarse a Vatadur el saldo pendiente más intereses dejando como resultado un monto de USD 682 198,51.

El procurador, Diego García, destacó el fallo al declarar que fue “ una clara demostración de que el sistema de arbitraje internacional no se ha creado para favorecer reclamos infundados, sino para garantizar a las partes en un conflicto que sus disputas sean resueltas de manera eficiente por un tribunal independiente de dichas partes.”, de acuerdo con un comunicado de la Procuraduría.

El caso salió a la luz en 2005, cuando el ex diputado de la ID, Carlos González, denunció un sobreprecio en el contrato de las tres lanchas ambulancias de USD 500 000. De acuerdo con los archivos de este diario, la Contraloría confirmó que el precio real de las barcazas habría sido de USD 769 000, cuando Vatadur las vendió en USD 1’337 000.

Hasta julio del 2006, las tres barcazas permanecían abandonadas sin operar y aunque la Contraloría y otros informes determinaron el perjuicio para el Estado, el Tribunal Constitucional de la época (ahora Corte Constitucional) determinó un amparo constitucional a favor de Vatadur, propiedad del ex presidente del Fondo de Solidaridad, Marcelo Arcos.

Luego, en septiembre del 2006, el representante del Ministerio de Salud en el contrato con Vatadur y gerente del proyecto Modersa, Mario Molina, firmó un acta de entrega recepción en la que se reconocía que existió un saldo a pagarse a favor de la compañía (aunque no estaba determinado) y la posibilidad de que esta empresa lleve al país a un arbitraje bajo las reglas del CIAC, lo en poco tiempo llevó a cabo.

Según el procurador, Diego García, la actuación inconsulta de este funcionario público, obligó al Estado ecuatoriano a comparecer ante un tribunal internacional, frente a una controversia con una empresa ecuatoriana, sin que ello hubiera estado pactado en el contrato inicial.

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