16 de October de 2012 00:04

Créditos a firmas incautadas afectan al patrimonio y rentabilidad de Cofiec

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Con las cifras en rojo. Así terminó el banco Cofiec tras los ajustes pedidos por la Superintendencia de Bancos, durante su inspección en el 2011 y parte de este año.

El órgano de control exigió, entre otras cosas, provisionar USD 2,9 millones para cubrir eventuales pérdidas por créditos concedidos de forma inadecuada.

Entre estos préstamos consta el otorgado al argentino Gastón Duzac; al Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad y a las empresas incautadas por el Estado, Maxigraf y Minga. En total, a marzo pasado, estas operaciones sumaron USD 4,6 millones.

Esta cartera problemática se entregó, en el 2011, año en que el banco salió de la intervención que llevaba adelante la Superintendencia desde el 3 de agosto de 1999, año de la crisis bancaria.

Este requerimiento de provisiones afectó directamente a su rentabilidad. Al cerrar el ejercicio 2011, el banco registró un saldo negativo de USD 2,8 millones.

Pero, además, los ingresos por la intermediación financiera (captar fondos y prestarlos), que son el eje del negocio bancario, no cubrieron los costos operativos.

De hecho, hasta el 67% de ingresos netos totales, según la Superintendencia, fuer por adjudicación de bienes y/o reverso de provisiones por cartera vencida. Incluso sin contar con los ingresos por arrendamientos, el volumen y estabilidad del resto de ingresos extraordinarios es incierto.

Otro de los efectos por el ajuste de provisiones se ve en el patrimonio técnico de la entidad, cuyo principal accionista es el Estado, a través de la Ugedep- Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad.

El regulador concluyó que la administración del banco no cumplió con los límites de crédito fijados al prestar más allá de su capacidad patrimonial.

El art. 72 de la Ley de Instituciones Financieras establece que ninguna entidad podrá realizar operaciones con una persona natural o jurídica por una suma que exceda, en conjunto, el 10% del patrimonio técnico... En este caso, la Superintendencia estableció que cinco créditos (ver cuadro) representan el 61,3% del patrimonio técnico de Cofiec.

El crédito entregado a Duzac fue calificado como vinculado por haber sido entregado en condiciones preferenciales.

Los préstamos a la empresa Maxigraf fueron concedidos, pese a que en sus estados financieros internos del 2010 presentó pérdidas acumuladas de USD 1,6 millones y a septiembre del 2011 mantuvo esta tendencia negativa.

Si persisten las pérdidas es posible que esta firma sea liquidada, con lo cual se incrementaría el riesgo para el banco al no poder recuperar el dinero prestado. Este préstamo fue calificado como D, es decir, incobrable.

Otra operación que ha causado polémica es el crédito concedido al Fideicomiso AGD-CFN, por tratarse del accionista mayoritario de Cofiec (93,3%).

Los auditores de la Superintendencia lo ubicaron en categoría C, considerado de alto riesgo. En este caso el regulador señaló que se trata de un cliente que presenta continuos refinanciamientos, sin que se renueven las garantías.

No cuenta con estados financieros auditados del 2010 y 2011 e internos de este año. Tampoco existe información económica financiera, para evaluar su capacidad real de pago.

El crédito otorgado a Minga corre la misma suerte de Maxigraf. Está catalogado como D y, a diciembre 2011, esta compañía registró pérdidas y patrimonio negativo. Esto originó que las pérdidas acumuladas superen el 50% del capital social más las reservas.

Según la Ley de Compañías, esto es causal de disolución a menos que el Estado aumente capital.

Al tratarse de operaciones relacionadas con el Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad hasta ahora nadie se atreve a determinar si constituyen créditos vinculados. Los auditores se limitaron a poner en su informe que solicitaron el pronunciamiento de la Intendencia Nacional Jurídica, que aún no se conoce.

Si se determina que estos préstamos cumplen las condiciones de vinculación se estaría violando el art. 73 de la Ley de Instituciones Financieras.

Este artículo prohíbe efectuar operaciones con personas naturales o jurídicas vinculadas directa o indirectamente con la administración o la propiedad de una institución financiera.

Pedro Delgado, representante del Fideicomiso AGD-CFN, ha negado que se trata de créditos vinculados, sin embargo hasta ahora no se conocen en detalle sus argumentos legales.

Lo cierto es que si estos créditos al final resultan impagos, por falta de garantías, será el Estado, como accionista mayoritario, el que tenga que asumir la deuda.

Adicionalmente, si el pronunciamiento legal determina que son vinculados, el índice de solvencia de Cofiec se colocaría en una situación de riesgo.

Las simulaciones realizadas por los auditores revelaron que, a marzo pasado, estas operaciones impactarían en el patrimonio técnico y harían que la solvencia caiga del 20% al 9,95%.

El índice de solvencia requerido, según la norma, es del 9%, por lo que estaría en el límite y esto impediría que pueda realizar colocaciones o captaciones, que son las que mueven el negocio.

Este manejo de la cartera y sus consecuentes provisiones ocasionó, además, que el banco esté bajo alerta (nivel 4). Si no se revierte esta situación podría generarse una resolución bancaria, que lo obligue a ir a saneamiento (5).

Por lo pronto, el personal tiene 30 días para delinear un plan que le permita salir a flote.

Desde 1999 ha estado intervenido

Además de la cartera mala entregada a las empresas incautadas del Fideicomiso AGD-CFN, Cofiec arrastra préstamos castigados por  USD 6 millones.
Estas operaciones corresponden al período  1996- 2007  y fueron concedidas  a  28 clientes  en total.


En 1999, cuando la entidad entró en intervención, se estableció  un programa de vigilancia preventiva, pero poco o nada se hizo por cobrar.  
 

De los registros históricos que mantiene la institución se conoció que en 1999 se empezaron  acciones con dos clientes; en el 2005 se sumaron otros dos. En el 2006 hubo uno más y en el 2007, tres.


Desde  1999  han pasado varios   interventores:  Stella Izurieta de Neumann, Marco Rivadeneira  Játiva, Luis Chaguasqui Guzmán (temporal),  José  Albuja,  Eduardo Ramón M.  (temporal), Marcelo Herrera y Luz América Goyez  (del 31 de octubre del 2006  al 31 de diciembre del 2008), etc.
 

Ellos tenían una oficina en el banco y participaban en las decisiones  que tomaban los miembros del  Directorio.


Desde la intervención, este banco ha tenido un perfil bajo, orientado más hacia los negocios comerciales.  Sus  principales fuentes de fondeo  han sido las captaciones del público (personas jurídicas y naturales), obligaciones con la Corporación Financiera Nacional (CFN) y más fondos de instituciones públicas.

En el 2011, cuando  se levantó la intervención oficialmente,  las políticas quedaron a cargo el Directorio,  que ejecuta diversos ajustes.
Sus principales  captaciones se concentran en  las empresas incautadas, que forman parte del Fideicomiso AGD-CFN.


En cuanto a  la cartera de crédito,  pasó -por decisión del accionista-  de la  comercial  al microcrédito. Pero hasta hoy no se conoce cuál es su plan estratégico y de negocio para este año. Para esto se contrató a un consultor internacional.

La inestabilidad del personal gerencial no ha permitido la continuidad de proyectos de las áreas de negocio.


Al menos 11 manuales de políticas y procedimientos se encuentran desactualizados y otros nueve no se ajustan a las normas vigentes. Esto hace que no se cumplan objetivos y metas para obtener mejores resultados.  Hace falta reforzar la evaluación del riesgo crediticio, tecnológico y legal.

Clic aquí para ver la infografía

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