La reforma a la Ley Minera, anunciada por el Régimen, no solo modificaría el tema del impuesto a las ganancias extraordinarias de los contratos mineros, sino que también buscaría que los procesos de concesión se agiliten. Para ello se pretende modificar el artículo 26 de la Ley, que trata sobre los Actos Administrativos Previos.
Así lo confirma Santiago Yépez, presidente de la Cámara de Minería. Él desconoce que el proyecto de reforma a la Ley Minera se haya enviado a la Asamblea. Sin embargo, según información del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables (Mrnnr), por el alcance de la reforma, tendría el carácter de económica urgente.
Paco Velasco, presidente de la Comisión de lo Económico de la Asamblea, informó que hasta ayer no llegaba la propuesta para reformar la Ley y que no tenía conocimiento sobre este tema.
Con la reforma minera se busca agilitar la negociación de los contratos mineros con las empresas privadas como Kinross, Imgold o IMC, que hasta el momento permanecen estancadas.
En diciembre del año pasado, el Gobierno ecuatoriano estableció acuerdos preliminares con la compañía minera canadiense Kinross, por lo que se prevía que este sería el primer contrato a suscribirse. Sin embargo, actualmente no existe nada concreto.
En ese entonces, el ministro Wilson Pástor señaló que para la firma del contrato se debe cumplir con los procesos de aprobación de los estudios de factibilidad y el cambio de fase, de exploración a explotación minera.
Actualmente, según Kinross, las negociaciones con el Estado continúan. La multinacional canadiense sostiene que si bien las conversaciones han tomado más tiempo de lo esperado, confían en que próximamente se alcanzará un acuerdo equilibrado, que beneficie a todas las partes.
El pasado 5 de marzo, el Gobierno firmó su primer, y hasta el momento, único contrato minero a gran escala con la empresa china Ecuacorriente.
En el acuerdo se establecía que la compañía china debía pagar, por concepto de regalías anticipadas, USD 100 millones tras la firma del contrato, en tres cuotas.
Los primeros USD 40 millones se pagarían 120 días luego de la firma del contrato. Una segunda cuota se cancelaría a la entrega de la licencia ambiental, para la fase de explotación. Y un tercer pago, cuando entre en funcionamiento la generadora que dotará de energía eléctrica al proyecto.
Patricio Vargas Coronel, presidente de la Cámara de Minería del Azuay, afirmó que han pedido que la reforma minera vuelva menos engorrosos los trámites de concesión. Específicamente los trámites en el Ministerio del Ambiente y el Instituto de Patrimonio Cultural. Añadió que tenían mejores expectativas para este año, pero no se llegaron a los acuerdos, como estaba previsto.
“Para nosotros ha sido un ‘stand by’ y eso implica un retroceso, al no planificar nuevos proyectos de exploración para el próximo año, por ejemplo ”, dijo Vargas.
Según Freddy Salazar, empresario minero, la reforma debe clarificar el tema de impuestos para que los contratos se cristalicen. Salazar señala que hay mucha discrecionalidad respecto al pago de regalías y cree que se debe establecer cifras más exactas.
Además, dijo que al definir las cantidades exactas de impuestos los procesos de negociación serán más rápidos. “Estos parámetros deben ser más competitivos porque no solo en el Ecuador existen recursos renovables”.
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Punto de vista
‘Se debe disminuir el trámite de las licencias’
El tema de las regalías es muy importante y será un incentivo para que las empresas firmen los contratos, lo cual atraerá más inversores al país.
Además del tema de las regalías, la reducción de los procesos para obtener las licencias ambientales es indispensable. Las licencias ambientales no deben exigir tantos permisos. Hay que tomar en cuenta que en la fase de exploración las empresas no saben si encontrarán una mina. Por esta razón se debe flexibilizar este proceso. Además, en la reforma se debe incluir temas de la minería a pequeña escala que quedaron pendientes para impulsar a este importante sector.