Conflicto de tierras impide avance de Mirador

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Alberto Araujo.  Redactor

Un conflicto de tierras con los pobladores de dos parroquias del cantón El Pangui, en Zamora, se presenta como un obstáculo al avance del proyecto minero Mirador.

Este tiene reservas certificadas por 5 000 millones de libras de cobre, que al precio actual representan USD 14 600 millones. Está a cargo de la empresa china Ecuacorriente (Ecsa).

El contrato para la explotación del área se firmó entre la compañía y el Estado ecuatoriano el 5 de marzo del 2012 y tenía previsto comenzar a producir a finales de este año.

No obstante, alrededor de 48 agricultores de las parroquias de Tundayme y Guisme, en el cantón el Pangui, no han podido llegar a un acuerdo con Ecsa para la venta de sus tierras, las cuales están dentro de las áreas que se utilizarán en el proyecto.

De ellos, 16 finqueros han sido demandados por Ecsa ante la Agencia de Control y Regulación Minero (Arcom) para que actúe de mediadora. Pero de no llegar a un acuerdo, la Arcom decidirá el avalúo de las tierras para una expropiación.

Este Diario se desplazó hasta Tundayme, a cuatro horas al sur de Macas, y dialogó con el presidente saliente de la Junta Parroquial, Flavio Muñoz, quien confirmó que el conflicto viene desde el año pasado.

Advierte que el problema se debe a que la empresa no negoció en conjunto con todos los propietarios ni socializó la necesidad de comprar las tierras.

Al contrario, habló con cada uno ofreciendo distintos precios por hectárea de terreno, que oscilaron entre USD 700 y 5 000, según Muñoz. La diferencia de precios generó descontento entre los propietarios, quienes finalmente se negaron a vender sus fincas.

Una de las propietarias es Esthela Villacís, agricultora de 61 años de edad, que vive en Tundayme desde 1981. Con una finca de 90 hectáreas, Villacís fue notificada de la demanda ante la Arcom el 14 de marzo del 2013, tras no llegar a un acuerdo con Ecsa por sus tierras.

Cuenta que la empresa le ofreció inicialmente USD 700 por hectárea, pero al negarse a venderla a ese precio fue demandada. Para el juicio, contrató un abogado que le cobró USD 3 000, además de un perito para el avalúo de su terreno, al que debe pagar USD 250.

Señala que esa finca dejará de herencia a sus 11 hijos y que los costos de los predios en otros lugares del cantón del Pangui, superan ampliamente el precio que le ofrecen. Por ello pidió USD 8 000 por hectárea; Ecuacorriente propuso USD 1 250, lo cual no aceptó.

El martes pasado se realizó una audiencia de conciliación en su domicilio con funcionarios de Ecuacorriente, su abogado y la Arcom. Ante la falta de un acuerdo, la entidad resolvió que cada parte nombre un perito por separado para que valore la finca. No hay un plazo para que la entidad resuelva el tema, indicó Villacís.

Este Diario pidió la versión de Ecsa sobre el conflicto de tierras y este tema representará algún retraso para el proyecto, pero uno de los representantes solo respondió que "la compañía ha estado ejecutando el contrato cumpliendo con lo que se establece en el mismo".

En la demanda entregada a la finquera Sonia Uyaguari, la representante de Ecsa, Belén Sánchez, indica que la compañía ha adquirido 4 000 hectáreas y calcula que requerirá de 2 043 hectáreas adicionales "para poder iniciar la ejecución de las actividades mineras".

Añade que desde octubre del 2012, Ecsa negocia con los propietarios de 50 predios que le restan por adquirir en las parroquias de Tundayme y Guismi pero que los finqueros han sobrevalorado sus terrenos.

"En forma especulativa pretenden obtener de Ecsa precios entre USD 5 000 hasta 60 000 por hectárea, inclusive hay personas que pretenden 100 000 por 1,3 hectáreas".

Sánchez invoca a la Ley Minera al destacar que la empresa tiene derecho a "pedir la constitución de servidumbres para el avance del proyecto". Es decir, que el Estado determine el valor de los terrenos que requiere la empresa para avanzar.

El Ministerio de Recursos No Renovables indicó a este Diario que la constitución de servidumbres en un proceso administrativo y no judicial y que "el monto a ser reconocido (...) es analizado técnicamente por las instituciones competentes (Arcom) para que se establezca una base mínima y un techo para el pago de los valores".

Sobre posibles retrasos del proyecto por este conflicto, indicó que "hasta que culmine el proceso de constitución de servidumbres, Ecuacorriente realiza otras actividades necesarias para el cumplimiento del contrato de explotación minera". No precisó la fecha de inicio de explotación del cobre.

Rodrigo Sánchez, presidente de la Asociación Cóndor Mirador, que aglutina a los campesinos en conflicto, dijo que no quieren ser desplazados de sus fincas y como alternativa propone que las comunidades sean accionistas del proyecto y arrienden sus terrenos para salir de la pobreza.

En contexto
El proyecto cuprífero Mirador es uno de los cinco de minería a gran escala señalados como estratégicos para el Estado. Está a cargo de la empresa china Ecuacorriente (Ecsa) que tiene un contrato de explotación de 25 años. Prevé invertir cerca de USD 2000 millones.

Las frases
"A otros propietarios pagaron de USD 8 000 a 15 000 por hectárea. A mí me quieren dar USD 700".
Esthela Villacís.  Propietaria

"Nos quieren dar un terreno de 300 m2 para siete herederos a cambio de 800 m2 de mi finca".
Sonia Uyaguari. Propietaria

"Se trata de sacar a gente con más de 50 años en sus tierras y dejarla en la calle".
Ángel Arévalo. Pres. electo de la Junta Parroquial de Tundayme

Haga click aquí para ver la infografía.

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