Tras su visita a la comunidad de Sarayaku, a 30 minutos en vuelo desde el aeropuerto de Shell, en Mera, Pastaza, la delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIJ) trabajará en su informe.
La comunidad acusa a la petrolera Compañía General de Combustibles (CGC) de una presunta violación a los derechos humanos, cuando sus trabajadores intentaron ingresar a la fuerza a sus territorios con ayuda los miembros del Ejército ecuatoriano. Esta compañía pretendía levantar un estudio de prospección sísmica y exploración petrolera en el Bloque 23.
En esta audiencia en Sarayaku estuvo presente Alexis Mera, secretario Jurídico de la Presidencia, quien señaló que el Gobierno reconoce los errores cometidos y los enmendará. “Por eso expulsamos a la CGC del país”.
Al mismo tiempo señaló que el Estado tiene el derecho de explotar los recursos naturales porque de ahí se obtienen los recursos para educación, salud y vialidad.
El funcionario agregó que se hará la consulta previa en las comunidades en donde se encuentran los campos de petróleo de la undécima Ronda Petrolera.
Ante la resistencia de la comunidad, la CGC inició el proceso para demandar a Ecuador ante el Ciadi por no haber dado las garantías por más de 12 años para la exploración y explotación petrolera en el bloque 23, de la Amazonía. En mayo del 2009, el vocero de la petrolera CGC, Diego Sheriff, declaró que el Estado ecuatoriano falló porque dio en concesión un bloque donde no ha ejercido su soberanía. “Nos dio un Estado dentro de otro Estado”.