21 de December de 2010 00:00

La compra de renuncias vuelve a la agenda oficial

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Redacción Negocios

El ministro de Relaciones Laborales Richard Espinosa confirmó que el Gobierno planea incluir el tema de la compra de renuncias obligatorias a los burócratas dentro del Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).

El anuncio llama la atención tomando en cuenta que ese planteamiento se incluyó en el veto a la Ley enviado por el Ejecutivo a la Asamblea, pero no fue aprobado por los legisladores el pasado 29 de septiembre.

De ahí que Nívea Vélez, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea, aseguró que es una ilegalidad incluir bajo reglamento un elemento que no está normado de forma alguna.

Sin embargo, Espinosa aseguró que el tema sí consta dentro de la Ley. “Si bien se eliminó la transitoria décima (en la que se establecía la figura de forma directa) el literal k del artículo 47 establece que los servidores podrán ser cesados de sus funciones por compra de renuncias con indemnización”.Este planteamiento fue rechazado por Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, debido a que al eliminarse la transitoria quedaba sin efecto cualquier elemento alusivo al tema. Además explicó que solo está normada la indemnización en los casos de supresión de partidas presupuestarias y jubilaciones.

Sin embargo, el Gobierno pretendería aplicar el mismo mecanismo de pago de indemnizaciones estipulado en la transitoria décima, según consta en un borrador preliminar del Reglamento de la Losep.

Esto quiere decir que se pagarán cinco salarios básicos unificados (SBU) por cada año de servicio, hasta un máximo de 175 SBU, “para lo cual se harán las reformas presupuestarias correspondientes en función de la disponibilidad fiscal existente”.

El documento insiste también en el planteamiento del Ejecutivo respecto de que el proceso se realice en un tiempo no mayor a los 18 meses y que el 50% del pago se haga en bonos.

Para García, la inclusión dentro de estos elementos sería arbitraria, por lo que no descartó enviar una carta al Ejecutivo para pedir que cualquier cambio se haga mediante reforma a la Ley.

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