1 de November de 2011 10:51

Comisión de los Derechos de los Trabajadores aprobó condena a la compra de renuncias obligatorias

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A las 15:00 la Comisión de los Derechos de los Trabajadores aprobó una moción de seis puntos condenando el mecanismo de compra de renuncias obligatorias.

Entre ellas, estaba demandar al ministerio de Relaciones Laborales que suspenda la entrega de notificaciones, exigir a la Corte Constitucional que adopte medidas cautelares contra la salida de trabajadores y que dé trámite a las demandas de inconstitucionalidad que se plantearon en contra de la medida.

Durante una atropellada sesión, en la que los insultos y el irrespeto estuvieron presentes, se presentaron por aproximadamente siete ocasiones mociones para ser votadas, sin llegar a acuerdo alguno.

Esto generó molestias en la presidenta de la Comisión, Schernarda Fernández, quien a las 14:00 suspendió la sesión por 15 minutos hasta que se llegue a un acuerdo.

Finalmente, cerca de las 15:45 se establecieron dos mociones por parte del oficialismo y la oposición. Esta última resultó ganadora con siete votos a favor, dos en contra y una abstención.

Desde temprano se registraron incidentes en la mesa de Derechos de los Trabajadores, en la Asamblea Nacional. El conflicto es producto de la falta de acuerdo entre los opositores y los gobiernistas para votar sobre las mociones presentadas respecto a la compra de renuncias obligatorias, una figura que impuso el Gobierno para despedir a miles de servidores públicos desde el viernes pasado.

La Comisión se reunió desde las 11:00 y los incidentes comenzaron media hora más tarde. El objetivo de la convocatoria era analizar la salida masiva de burócratas mediante la compra de renuncias obligatorias.

A las 12:30, el viceministro de Servicio Público, Juan Salazar, abandonó la sesión, luego de que el asambleísta Jorge Escala (MPD) lo calificara de 'caretuco' y 'sinverguenza'. La sesión estuvo a punto de suspenderse por falta de garantías.

Previamente, representantes de la oposición y de los servidores públicos increparon a Salazar. Le exigieron que explique los criterios técnicos que sustentaron la salida masiva de trabajadores.

Salazar acudió a la Comisión en reemplazo del ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, quien fue convocado pero no asistió.

Los representantes de la Comisión votaron por recibir en Comisión General a los representantes de los servidores públicos, quienes pidieron dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo 813, de julio pasado, que introdujo la figura de compra de renuncias obligatorias. Además, solicitaron la restitución de los empleados en sus puestos de trabajo.

Delegados de la Presidencia escuchaban los planteamientos que se hacían en la Comisión. La asambleísta Nívea Vélez calificó a un delegado de la Presidencia como infiltrado, mientras que el asambleísta Enrique Herrería lo llamó "sapo criollo".

En horas de la mañana, el ministro Espinosa señaló en medios televisivos que la decisión del Gobierno obedece a la necesidad de depurar el servicio público, con el fin que queden los mejores funcionarios.

Por su lado, el secretario Nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, negó que el Gobierno busque colocar a gente afín al Régimen en los cargos que han quedado vacantes. Aseguró que entrará personal con méritos, para mejorar la eficiencia del sector público.

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