4 de October de 2012 00:01

Comerciantes de Otavalo piden fedatarios que hablen quichua

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La Dirección Provincial del Servicio de Rentas Internas (SRI), de Imbabura, ubicada en Ibarra, amaneció ayer custodiada por policías y guardias privados.

La medida de seguridad se tomó un día después del enfrentamiento entre comerciantes indígenas de Otavalo con la Policía.

El incidente ocurrió luego que agentes fedatarios del SRI, Aduanas y Policía, confiscaran mercaderías en varios locales comerciales de esa ciudad.

Según Luzmila Terán, propietaria del almacén Albanos, los fedatarios se llevaron toda la ropa que ofrecía en su local, calculada en USD 10 000. “Fue un atropello. No me hicieron valer las facturas. Me exigían otros papeles”.

La confiscación de prendas también se registró en el almacén de ropa BB Place. Su propietario, Tupak Quimbo, calcula que se llevaron USD 5 000 en mercadería.

Esto desató la ira de los comerciantes, quienes cerraron las calles, para evitar que se vaya la camioneta que transportaba la mercadería confiscada.

Los agentes fedatarios quedaron atrapados, por algunos minutos, hasta que la Policía los liberara. Los vidrios de la furgoneta en la que se movilizaban fueron destruidos con piedras.

Ayer, la ciudad de Otavalo estaba semiparalizada. Muchos locales comerciales, ubicados en el centro de la urbe, no abrieron.

“Hay temor de que se sean confiscados más productos. No estamos en contra de pagar impuestos, sino en contra de la forma abusiva en que procedieron”, explicó José Antonio Lema, presidente de la Unión de Artesanos Indígenas del Mercado Centenario (Unainco), de Otavalo.

La organización, que aglutina a 3 000 productores de artesanías que venden sus productos, invitó a los directivos del SRI a dialogar la tarde de ayer. Pero los funcionarios públicos no llegaron.

María Fernanda Espinosa, jefa administrativa y financiera del SRI, de Imbabura, explicó que el operativo es parte de los controles rutinarios que se realizan en el país. “Los controles son para verificar la legalidad documental de la mercadería que se comercializa en diferentes establecimientos comerciales del país”.

Luzmila Terán, comerciante, contó que le exigieron el código de exportación. Se trata de un documento que indica el origen de la mercadería, para detectar si el ingresó al país fue legal o no.

Los comerciantes aclararon que muchos de ellos salen del país a vender sus artesanías en el exterior. Y que al retornar traen especialmente ropa y calzado que compran en promociones.

“Pagamos dos veces. Un 12% del valor de la mercadería para ingresar al aeropuerto y entre el 40 y 50% para poder nacionalizarla”, aseguró José Antonio Lema.

La Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura (FICI) también ofreció su apoyo a los comerciantes indígenas. Rocío Cachimuel, presidenta de la organización coincidió con los comerciantes, quienes demandaron que los fedatarios debían hablar quichua, su lengua materna.

“Es un derecho colectivo de los pueblos, amparado en la Constitución, que se hable en su propia lengua cuando se realiza cualquier trámite público”.

En el SRI de Imbabura hay dos funcionarias quichuahablantes. Pero, Espinosa explicó que no participaron porque los agentes fedatarios que actuaron en Imbabura proceden de otra provincia.

Hasta el cierre de esta edición los comerciantes indígenas realizaban una asamblea en la tradicional Plaza de Ponchos, Otavalo. Esperaban, sin resultados, la llegada de representantes del SRI.

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