Otro código para agilizar la justicia en materia laboral

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Carolina Enríquez. Redactora

El proyecto de Ley de Código de Trabajo no explica cómo se agilizará la resolución de procesos judiciales en materia laboral, tal y como ofreció el Gobierno el año pasado.

En junio del 2013, el entonces ministro de Relaciones Laborales, Francisco Vacas, señaló que el proyecto incluiría la posibilidad de llevar a cabo juicios ejecutivos, que tendrían una duración de hasta 90 días. También, juicios de menor cuantía para reconocimiento de derechos, que demoraría menos tiempo en resolverse.

En el proyecto de Código solo existen dos artículos: 416 y 418, que abordan temas sobre los 'títulos ejecutivos laborales' y el 'procedimiento sumario'.

El primero está vinculado a documentos para determinar el pago de obligaciones con el trabajador. "Son documentos similares a las letras de cambio o pagarés. Actualmente, los documentos de los que habla el artículo no son títulos ejecutivos. Sin embargo, aun aprobándose el proyecto de Ley y dándoles ese carácter, deben ejecutarse en un juicio ejecutivo laboral y, eso, actualmente no existe", señala el abogado laboral Iván Nolivos.

Por esta razón, se plantea que estos títulos ejecutivos se sujeten a lo que establezca el Código de Procesos, una norma que todavía está en discusión en el Legislativo.

En este sentido, de aprobarse el proyecto de Código de Trabajo y no el de Procesos, se ­generaría un vacío para aplicar el artículo 416.

El ministro de la Producción y Empleo, Richard Espinosa, señaló que la idea del Régimen es que ambos códigos se aprueben simultáneamente en la Asamblea, con el fin de que empiecen a aplicarse a partir del próximo año.

Para que eso suceda, la Asamblea deberá tramitar el proyecto oficial en máximo tres meses, ya que hasta septiembre del presente año se prevé difundir y debatir la propuesta de Código presentada el pasado 1 de mayo, en Esmeraldas.

El Régimen aún no ha definido si enviará el proyecto a la Legislatura con el carácter de urgente. "Eso todavía no está definido", señaló Espinosa.

Para Pablo Serrano, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), es imperioso que durante la socialización del proyecto de Código de Trabajo se hable sobre los vacíos legales que existen.

"Es necesaria una mayor claridad en el tema para que se agilice la justicia en materia laboral. Los procesos son complicados. Un juicio por una deuda de USD 500 puede costarle a un trabajador hasta USD 800. Y hay procesos que se extienden hasta cinco años".

De hecho, el objetivo del Gobierno de plantear juicios rápidos era mejorar esta situación. Vacas explicó hace un año que en la Función Judicial existían 30 000 causas represadas. Hasta diciembre del año pasado, según Nolivos, solo la CNJ tenía 4 000 procesos, de los cuales 3 000 están en admisión.

Hasta mediados del año pasado un juzgado recibía hasta 3 00 juicios mensuales y no lograba despachar ni el 30%. Si bien se crearon más juzgados, no resultaron suficientes para tratar todos los procesos laborales. En el 2003 ya hubo un intento de agilizar la justicia en material laboral gracias a los procesos orales, pero faltó infraestructura.

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