21 de December de 2012 18:44

El Ciadi falla contra Ecuador por expropiar ilegalmente a Burlington

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El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha fallado contra el Gobierno de Ecuador por considerar que realizó una "expropiación ilegal" a la petrolera Burlington, según una decisión disponible hoy en su página de internet.

El tribunal de arbitraje indica en un documento de 183 páginas que Ecuador violó el acuerdo bilateral sobre inversiones "expropiando ilegalmente" las inversiones de Burlington en los bloques 7 y 21 que operaba esta empresa en una zona de la Amazonía.

El organismo dependiente del Banco Mundial indica que continuará con los procedimientos para determinar, en una fase posterior al arbitraje, la indemnización que el Gobierno debe a la empresa.

"Aunque el fallo es un paso esencial en el proceso, el Tribunal no ha emitido una decisión sobre daños y perjuicios", puntualizó a Efe Daren Beaudo, un portavoz de la compañía.

Según Beaudo, se llevará a cabo una fase adicional del arbitraje para determinar la cantidad de la indemnización a la petrolera y el tribunal emitirá un laudo definitivo después de la fase de daños y perjuicios.

La Embajada de Ecuador en Washington declinó hacer comentarios por el momento.

Burlington inició en el año 2008 un arbitraje internacional ante el CIADI, debido a la promulgación de la Ley 42 y sus efectos en el Contrato de Participación y Producción de los Bloques 7 y 21 del cual era parte conjuntamente con la compañía francesa Perenco.

La Ley 42 fue introducida para reformar la Ley de Hidrocarburos y regular las ganancias extraordinarias generadas por las empresas extranjeras por el alza de los precios del petróleo y atribuía al Estado ecuatoriano el 50 % de los ingresos extraordinarios de las petroleras, en concepto de compensación por la subida del crudo.

Burlington consideró que ese reparto a posteriori constituía una violación del principio de seguridad jurídica y congeló la explotación de los bloques 7 y 21.

Ecuador sostiene que el consorcio incumplió sus obligaciones de pago bajo la aplicación de la Ley 42, que establecía un reparto a partes iguales de los ingresos extraordinarios obtenidos por los altos precios del crudo.

Al no aceptar esa medida, Ecuador interpretó que se daba por terminado el contrato de concesión al grupo estadounidense de esos pozos que en la actualidad están gestionados por la estatal Petroamazonas, algo que Burlington consideró como una expropiación.

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