En mayo próximo se cumplen seis años de la caducidad del contrato de la petrolera estadounidense Occidental (Oxy), dictaminada en el régimen de Alfredo Palacio.
La compañía operaba el bloque 15 y los campos unificados Edén Yuturi y Limoncocha. El ministro de Energía de aquella época, Iván Rodríguez, declaró la caducidad de su contrato por haber cedido el 40% de sus deberes a Encana.
Como consecuencia, el Estado se hizo cargo de los activos de Oxy en el Ecuador y la compañía decidió demandar al país por USD 3 370 millones ante un tribunal del Centro de Arreglo de Inversiones (Ciadi).
De este litigio, se espera un fallo en los próximos tres meses.
Seis años después, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, decidió expropiar la compañía Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) perteneciente a la española Repsol por reducir la producción de petróleo y no realizar inversiones en el país.
Sobre este caso y el de Oxy, tres analistas ven coincidencias.
El especialista en arbitrajes de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana Hugo García destaca que en ambos casos hay una disputa a nivel jurídico entre las decisiones tomadas sobre una base legal nacional y los tratados de protección de inversiones que tanto Ecuador y Argentina han suscrito a nivel internacional.
Si bien el Estado ecuatoriano pudo aplicar legalmente la cláusula de caducidad del contrato con Occidental, por no solicitar la autorización para transferir el 40% de sus derechos a Encana, el hecho de que todos sus activos pasaran al Gobierno sin indemnización pudo violar el Tratado de Protección de Inversiones entre EE.UU., y Ecuador.
Este último, añade García, contempla el estándar de trato justo y equitativo que se habría transgredido al aplicar una sanción desproporcionada a Oxy.
“Es como si me equivocara en un examen y me condenaran a muerte por una ley aprobada en el país. La decisión sería legal pero reñiría con las normativas internacional que el Ecuador soberanamente ha suscrito”.
El mismo principio se estaría dando en el caso argentino contra Repsol por la expropiación de YPF en ese país.
Si bien allá es legal la expropiación por motivos de interés público, el no pagar un precio justo por lo expropiado violaría el tratado de protección de inversiones entre España y Argentina.
Por ello, la petrolera Repsol podría presentar una demanda arbitral, teniendo en cuenta que Argentina se ha negado a pagar más de USD 300 millones en laudos arbitrales en el exterior.
Por su parte, el ex ministro de Energía, Fernando Santos Albite, considera que hay un paralelismo a nivel económico entre los dos casos. Tanto para Oxy como para Repsol, los estados se vieron tentados a confiscar los campos petroleros de las empresas privadas por sus altas reservas.
Como consecuencia de la caducidad del contrato de Oxy, el Ecuador se tornó un país de altísimo riesgo para la inversión. Un escenario similar a nivel internacional le vendría a Argentina con la expropiación de YPF.
Finalmente, el ex secretario de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), René Ortiz, asegura que las decisiones tomadas para Oxy como para Repsol fueron políticas y no técnicas. En el caso de Occidental, el gobierno de Palacio buscaba un respaldo de la izquierda con esa decisión y ganar popularidad. Mientras que en Argentina, Fernández de Kirchner busca tapar los errores de la política económica que ha llevado a una alta inflación, baja recaudación de impuestos y falta de recursos.
Reacciones
Mariano Rajoy Pdte. de España
‘Rompe la relación’
“La decisión rompe el buen entendimiento precedente entre los dos países (España y Argentina). (…) Tengo que mostrar mi profundo malestar por la decisión tomada por el Gobierno argentino”.
Felipe Calderón Pdte. de México
‘No le hace bien a nadie’
“Lamento el anuncio de Argentina por considerar que es una medida que no le va a hacer bien a nadie. Pemex (petrolera estatal mexicana) posee 9,5% de Repsol. El camino no es la expropiación”.
Hugo Chávez Pdte. de Venezuela
‘Respaldo la decisión’
“Saludo y respaldo la decisión anunciada por el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de nacionalizar la principal empresa petrolera de Argentina. (…) Y rechazo las amenazas desde Europa”.
Catherine Ashton Fun. de la UE.
‘Condeno la decisión’
“Condeno la expropiación y consideró que esta acción envía una señal muy negativa para las inversiones extranjeras en el país sudamericano. La decisión es motivo de gran preocupación dentro de la Unión Europea”.
Antonio Brufau Pdte. Repsol
‘Busca tapar la crisis’
“La decisión busca tapar la crisis. El país tiene una crisis inflacionista, con niveles de inflación superiores a los que declara, de transporte, y crisis cambiaria arbitraria que ha llevado a que la economía argentina no sea competitiva”.