23 de April de 2010 00:00

El caso Chevron-Texaco se debatió en Guayaquil

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Redacción Guayaquil

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Por primera vez, en un escenario guayaquileño y ante público, representantes del Estado y de Chevron-Texaco hablaron de la demanda ambiental que se tramita en el país. La cita fue en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil, ayer a las 10:00.“Este evento será esencialmente académico”, advirtió al inicio la directora del Centro, Teresa Núques. En un lado estaba Álvaro Galindo, director de patrocinio internacional de la Procuraduría General del Estado. En el otro extremo, detrás de una mesa con cinco puestos, se ubicó Alejandro Ponce, defensor de Chevron.En medio de ellos estaban la presidenta de la Cámara, María Gloria Alarcón, y el presidente del Centro, César Coronel. Las expectativas de al menos medio centenar de asistentes estaban centradas en el laudo parcial que el Tribunal Internacional de La Haya dictó contra el Estado, el pasado 30 de marzo. Dicha resolución endosa a Ecuador el pago de unos USD 700 millones a la petrolera estadounidense.De entrada, Ponce advirtió que estaba impedido de hablar sobre ese tema. Más bien, dedicó 45 minutos de su intervención, para cuestionar cómo la justicia ecuatoriana ha dejado de funcionar. “El Estado debe darse cuenta que no vivimos en un sistema de derecho desde diciembre de 2004”. A su parecer, el país vive sobre políticas públicas que están sobrepuestas al orden jurídico.De esa manera, justificó la implementación de un arbitraje y el pedido de la compañía para que la demanda no siga su curso en los tribunales ecuatorianos. En un momento de su intervención, enfatizó que este escenario legal aleja a las inversiones. Sus declaraciones las hacía con altibajos de voz, pero siempre sonriendo a su contraparte.A su turno, Galindo destacó la admiración y el respeto hacia Ponce, quien fue su maestro en las clases de Derecho, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Pero, pronto repasó la historia para destacar las gestiones contradictorias de Chevron-Texaco en este caso. En 1993, dijo, cuando ciudadanos amazónicos instauraron el proceso judicial en las cortes de los Estados Unidos, la compañía pidió que el tema sea resuelto por la justicia ecuatoriana. Una década después lo consiguió. Pero, ahora, Chevron considera que este no es el mejor escenario.“Si van a Youtube y ven la entrevista que Sixty Minutes le hizo a la representante de Texaco, verán que para ellos ningún escenario es el idóneo para manejar el tema”, destacó Galindo. Con ello, consiguió una sonrisa de su ex maestro, hoy contendor legal.Dijo que aunque el Estado no fue, ni es parte procesal de dicha demanda, en el laudo parcial se determinó la falta de garantías contempladas en el tratado bilateral de inversiones entre los Estados Unidos y Ecuador. Lo que faltaría por determinar es que, acogiéndose a la Ley Tributaria vigente en el contrato inicial con Texaco, el pago pueda reducirse en 87,31%. Es decir, que el valor sea USD 90 millones de los 700 millones que fueron fijados en el laudo internacional.La discusión de este tema centra la atención internacional por tratarse de supuestos daños irreparables en una parte del norte de la Amazonía ecuatoriana, una de las zonas con mayor biodiversidad el mundo. La demanda, iniciada en los años 90, ha generado un sinfín de declaraciones, a favor y en contra de los demandantes, de ambientalistas, autoridades locales, abogados, expertos... A las 12:00, y luego de una serie de preguntas formuladas por jurisconsultos y estudiantes de Derecho, la jornada culminó. Vinieron los apretones de manos y abrazos de los presentes.

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