27 de December de 2011 00:02

Casinos piden que una comisión revise el plazo

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Los representantes de casinos y bingos que operan en hoteles, o de forma independiente, se resisten a cerrar sus operaciones hasta marzo próximo.

Mediante un comunicado hecho público ayer, ejecutivos de 18 de estos locales solicitaron la creación de una comisión que revise el tiempo real para un adecuado proceso de desinversión.

El 9 de septiembre pasado, el presidente de la República, Rafael Correa, firmó el Decreto 873, mediante el cual estableció el plazo para el cierre de salas de juego ilegales y a los casinos registrados en el Ministerio de Turismo.

A los de este último grupo se les dio hasta seis meses para la suspensión definitiva de operaciones. A esta fecha, todos los locales ilegales deben estar liquidados.

El Decreto entró a regir el 16 de septiembre, tras la publicación en el Registro Oficial.

“Le solicitamos respetuosamente que se designe una comisión que analice exhaustivamente nuestro caso”, dice la misiva dirigida al Primer Mandatario.

“Y que sea esa comisión la que permita con transparencia, y sustentada en hechos, el plazo justo de transitoriedad correcta que le corresponde a los casinos y bingos legales”, continúa.

Firman la carta representantes de Fantasy Casinos (hoteles Oro Verde Guayaquil y Manta; Barceló Miramar, Hilton Colón de Quito y Guayaquil, y Unicasino de Unipark). También se unen los casinos Jokers, Montecarlo, Quito, Majestic, La Circasiana, Plaza, Faraón Boulevard y Búcaro. Además, Casino del Sol, Hotel Emperador, Bingos Don Toribio y Centenario.

Estos negocios funcionan en Quito, Cuenca, Loja, Ambato, Guayaquil, Manta y Salinas.

La medida se adoptó luego de que el pasado 7 de mayo, en plebiscito, el pueblo rechazara los negocios dedicados al azar.

El Gobierno se comprometió a precautelar el pago de liquidaciones a los empleados.

Hasta ayer, sin embargo, la compañía Profeseries no cancelaba el valor adeudado. “Nos dijeron que como el Presidente ya conoce nuestro caso, es posible que nos paguen en enero”, contó Sabas S., quien ya encontró otro empleo.

Richard Ayala, en cambio, no encuentra trabajo. En octubre recibió USD 1 377 por sus dos años y tres meses trabajados en la empresa WWTS Ecuador. Dijo que apelará dicho monto, pero ayer perdió las esperanzas. “Me dijeron que no puedo apelar, porque firmé el acta de finiquito”, dijo.

Ambos casos corresponden a empresas ilegales.

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